La ministra de Vivienda compromete 26,4 millones de euros que facilitarán la construcción o renovación de 1.500 viviendas en la Comunidad Valenciana

Ministerio de la Vivienda

• SEPES invertirá 23 millones de euros para urbanizar un nuevo barrio en Benicássim, en el que se podrán edificar 1.400 viviendas de las que al menos un 60% serás protegidas
• El Ministerio aporta 3,4 millones de euros para renovar 87 viviendas en Gandia
• La ministra asegura que “a pesar de los ajustes necesarios mantenemos todas las ayudas al alquiler y la rehabilitación y buena parte de las medidas que facilitar la compra de una vivienda protegida”
• Recuerda que las CCAA tienen la competencia y fuentes propias de ingresos para impulsar las actuaciones o subsidiar los ámbitos que no reciban ayudas estatales

Valencia, 21 de septiembre de 2010- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor ha firmado dos acuerdos que facilitarán la construcción de 1.400 viviendas en el municipio de Benicássim (Castellón) y la renovación de 87 viviendas en la localidad valenciana de Gandia. La financiación estatal en ambas actuaciones supera los 26,4 millones de euros.

Beatriz Corredor ha puesto estos acuerdos como muestra del compromiso del Gobierno central con las familias de la Comunidad Valenciana en la que el Ministerio de Vivienda ha invertido 180 millones de euros en los dos últimos años a través del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación y el Plan E y a los que se suman las ayudas de la Renta Básica de Emancipación que ya han cobrado 17.000 jóvenes valencianos.

El Ministerio de Vivienda urbanizará 27 hectáreas en Benicássim para construir vivienda protegida
La ministra ha firmado con el consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, con el director general de la Entidad Estatal de Suelo SEPES, Félix Arias, y con el alcalde de Benicássim, Francesc Colomer un convenio de colaboración para el desarrollo de una actuación residencial en la que SEPES, organismo adscrito al Ministerio de Vivienda invertirá 23 millones de euros.

Esta actuación se enmarca dentro de la política activa de preparación de suelo residencial destinado a vivienda protegida que desarrolla el Ministerio de Vivienda, a través principalmente de SEPES. La actuación se considerará a todos los efectos pública y SEPES se encargará de la financiación y la ejecución de las obras de urbanización que convertirán la zona norte de Benicàssim en un nuevo barrio con más de 1.400 viviendas, al menos un 60% de ellas protegidas. La Entidad se compromete, asimismo, a redactar los proyectos de urbanización y reparcelación.

3,4 millones para renovar 87 viviendas en Gandia
La ministra también ha firmado con el consejero y con alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, un acuerdo para la financiación del Área de Renovación Urbana (ARU) del Barrio de Simancas en Gandia. Este acuerdo prevé la renovación de 87 viviendas, que serán demolidas y posteriormente edificadas, de un total de 104 viviendas, que son objeto de la actuación.  

El Ministerio financiará esta actuación con 3,44 millones de euros (35,1%). La aportación de la Generalitat Valenciana será de 2,61 millones (26,6%) y la del Ayuntamiento de 569.305 euros (5,8%)

Reprogramación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR)
La ministra ha destacado “el importante esfuerzo inversor del Gobierno central en materia de vivienda” y ha asegurado que “a pesar de los ajustes que tenemos que aplicar, el presupuesto estatal de vivienda se mantendrá en máximos históricos”.

La ministra se ha referido a los ajustes el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 que el Ministerio ha planteado “para cumplir el compromiso de reducción del déficit al 3% en el horizonte de 2013, adquirido a nivel por todos los estados miembros de la UE; y porque queremos centrarnos en aquellas líneas prioritarias que están dando mejores resultados, y han sido más demandadas por ciudadanos, promotores y CCAA, como son el alquiler y la rehabilitación”.

Según los datos de ejecución del primer año del PEVR en la Comunidad Valenciana, los objetivos convenidos en materia de ayudas a inquilinos tuvieron un grado de cumplimiento del 193,44% y los acordados en rehabilitación de un 153%. En el otro lado, apenas se alcanzó el 48,47% de los objetivos acordados en promoción de viviendas protegidas para venta.

No obstante, Corredor ha destacado que “la supresión de la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) de una vivienda protegida a partir de 2011 no significa que se supriman las ayudas a las familias más desfavorecidas” ya que se mantienen la inmensa mayoría de las ayudas que llegan directamente al ciudadano: desde las ayudas al alquiler y la rehabilitación, pasando por la RBE y buena parte de las medidas que facilitan la compra de una vivienda protegida: el precio tasado de la misma, el acceso a los préstamos convenidos, con mejores condiciones y tipos de interés más bajos que los del mercado y los subsidios para ayudar a pagar la cuota de la hipoteca.

Además, a partir de 2011 el préstamo hipotecario de las viviendas protegidas podrá alcanzar hasta el 90 % del valor de tasación de la vivienda, “con lo que en la práctica cumplirán idéntica finalidad: evitar la necesidad de ahorro previo para adquirir una vivienda”.

Por último, ha recordado la disposición transitoria que se ha incluido en el borrador del Real Decreto que modificará el PEVR, por la que “quienes hayan obtenido ya su hipoteca para construir o adquirir una vivienda protegida, y nos lo notifiquen en este año, podrán recibir la AEDE después del 1 de enero de 2011”. Además ha asegurado que el Gobierno garantiza todos los compromisos suscritos para 2010.

Diálogo con las CCAA y respeto a sus competencias
Corredor ha resaltado que el Gobierno está llevando a cabo este proceso con transparencia y diálogo con las CCAA y agentes económicos y sociales. “Hemos incorporado buena parte de las alegaciones que nos han remitido y seguiremos incluyendo aquellas que nos envíen y sean compatibles con nuestras dos líneas rojas: cumplir con el compromiso presupuestario y mantener la prioridad de las políticas de fomento del alquiler y la rehabilitación”, ha asegurado.

En este mismo sentido, ha hecho hincapié en que “el Gobierno ni quiere ni puede imponer nada a las Comunidades Autónomas. La vivienda ha sido y es una plena competencia autonómica que el  Ministerio complementa con fondos propios” y ha recordado que las administraciones autonómicas, incluida la Generalitat Valenciana, “tienen además, fuentes propias de ingresos para invertir en política de vivienda, exactamente igual que la Administración General del Estado y por tanto son libres para impulsar aquellas actuaciones que consideren pertinentes, o para subsidiar aquellos ámbitos que no reciban ayudas del Plan Estatal o del Ministerio”.