SALVEMOS A LAS CONCESIONARIAS

En Seopan vemos esta reseña relativa a las concesionarias. Finalmente, el Gobierno ha decidido salvar a las concesionarias por la vía rápida. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha hecho caso omiso de la nueva normativa contable europea relativa a los acuerdos de concesión de infraestructuras públicas (conocida como Ifric 12). Las normas internacionales demandaban que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, las concesionarias reconociesen de golpe en el resultado los gastos financieros asociados a la inversión en la infraestructura público-privada en cuestión. Esto, por lo general, genera pérdidas muy cuantiosas, lo que abocaría a muchas empresas a entrar en causa de disolución (cuando las pérdidas son superiores al 50% de los fondos propios). En teoría, el Ministerio de Economía y Hacienda debía trasladar tal cual ese mecanismo contable a las sociedades individuales, pero ha optado por mantener los criterios anteriores. Es decir, las concesionarias podrán seguir difiriendo los gastos financieros durante toda la vida de la concesión, de manera que se aminora el fuerte impacto que estos tienen en los primeros años. Las discusiones del ICAC ya tomaron este camino a principios de año, como adelantó EXPANSIÓN el 2 de abril. Ahora el Instituto lo confirma mediante la publicación, para trámite de audiencia pública, del Proyecto de Orden por el que adaptará la Ifric 12 a los estados financieros individuales de las empresas, en el marco del Plan General Contable. Es decir, para las compañías cuyas cuentas no consolidan. El problema es que la mayoría de esas concesionarias son filiales de los grandes grupos cotizados del sector, y éstos sí se atienen, desde 2005, a los parámetros que dicta la nueva norma contable europea. “Esto provocará una dualidad contable”, subrayaron recientemente desde Seopan, patronal de las grandes constructoras. En efecto, todas las filiales de un grupo consolidado podrían diferir las pérdidas, pero no así sus matrices, que se apuntarán unas pérdidas más que considerables. Las organizaciones empresariales del sector ya barruntaron ese problema hace unos meses, por lo que demandaron al ICAC una solución mercantil. Es decir, cumplir con la Ifric 12 y apuntar todas las pérdidas de cada año de golpe, pero a cambio de no entrar en causa de disolución cuando esas pérdidas superen la barrera del 50% de los fondos propios. Así ocurre en otros países, como Reino Unido. Pero el Ministerio que capitanea Elena Salgado ha renunciado a su credo contable, el Libro blanco para la reforma contable, que consensuaba una adaptación total y sin “excepciones” de la Ifric 12 a los estados financieros individuales. Sin embargo, el Gobierno ha desdeñado esto, por lo que sobrevendrá otro problema, un golpe fiscal a las empresas con filiales en el exterior (o sea, todas las grandes, y España tiene seis de las 11 mayores del mundo. ¿Por qué? Porque habrá una menor deducibilidad fiscal de las pérdidas de esas filiales, y un sobrecoste para adaptar la contabilidad foránea a la española. Según los fiscalistas, la capitalización de los gastos financieros en las empresas concesionarias redundaría en costes tributarios “significativos”. Además, “se deducirían mucho más despacio [en el Impuesto sobre Sociedades] las pérdidas generadas por esos gastos financieros”. “Si queremos seguir siendo una referencia mundial en el ámbito de las concesiones, hay que resolver estas lagunas y que el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) sea un éxito de todos”, avisaba Seopan. El PEI es el gran receptor de esta nueva normativa: se trata de un programa inversor público-privado por el cual se movilizarán 17.000 millones de euros en poco más de dos años (lo que queda de 2010, 2011 y 2012). Según Seopan, si se hicieran bien las cosas, se podrían crear 340.000 empleos.