Una de cada tres empresas en concurso de acreedores es constructora

Más estadisticas nefastas, esta vez gracias a Expansión, que hemos visto a traves de seopan.Como diria Leo Harlem, se nos va de las manos...
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los primeros seis meses del año un total de 3.574 empresas y particulares se declararon en concurso de acreedores, un 11 % más que en el mismo periodo de 2010. Sólo en la primera mitad de 2011 se han multiplicado por más de seis frente a los registrados de enero a junio de 2007, llegando a alcanzar una cifra media trimestral cercana a los 1.800 casos frente al promedio de los 270 que se registraban hace cuatro años.

Entre enero y marzo de 2011 el número de insolvencias alcanzó su cota máxima desde que se empezaron a utilizar este tipo de procesos a finales de 2004, con 1.803 casos, una cifra que se ha reducido ligeramente en el segundo trimestre del año, cuando se contabilizaron 1.771 concursos.
Por actividad, el 32% de ellas se dedicaban a la construcción y la promoción inmobiliaria (972). Otros sectores que aglutinan un gran número de empresas concursadas son el de industria y energía, y el de comercio, ambos con 515 procedimientos en el primer semestre, el 34 % de los concursos.
Las práctica totalidad de los concursos de acreedores del primer semestre se localizan en Cataluña, con 792 procedimientos, la Comunidad Valenciana, 520; Madrid, 468; y Andalucía, con 361.

Las empresas del sector han dado mandato a los servicios jurídicos de la patronal CNC para llevar a los tribunales las licitaciones que incumplan la nueva ley de morosidad.

En SEOPAN nos dan una de cal y otra de arena. La solución no es retrasar los pagos sino mejorar sus cobros.  Si no, seguiremos igual que siempre, con palzos de pago larguisimos que además de asfixiar a los proveedores aumentan los riesgos vivos de las empresas a cantidades de vertigo. Volveremos a los casos de terminar trabajos por valor de cientos de miles de euros sin tener vencidas las obligaciones de pago.

Las constructoras, en contra de su voluntad, se han plegada a las obligaciones de pago que impone la nueva ley contra la morosidad en operaciones comerciales, aprobada por el Gobierno en julio del año pasado.
Sólo seis meses después de su entrada en vigor, la polémica reforma, que fuerza a las compañías del sector a pagar a sus proveedores y subcontratistas a 60 días de manera escalonada hasta 2013, ha desatado un frente judicial que pone de manifiesto la fragilidad de la norma, su difícil cumplimiento y las consecuencias que su aplicación está teniendo sobre el mercado de obra pública.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el incumplimiento de la ley, que, según las constructoras, se está convirtiendo en norma entre los organismos licitadores de obra pública, obligados, tras la reforma, a pagar a sus contratistas a 30 días de manera escalonada hasta 2013. “Hemos detectado pliegos de condiciones de obras en donde se imponen plazos de pago de hasta diez años cuando, en 2011, sólo estaría permitido a 50 días”, aseguran las empresas.
Cartera de producción
Por unanimidad, el sector ha dado mandato a los servicios jurídicos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la gran patronal sectorial, para denunciar todos los casos en los que la Administración intente vulnerar la ley. “Desde diciembre, ya hemos recurrido nueve licitaciones y va a más”, aseguran desde la organización empresarial.
El abanico de denuncias es variado. Afecta a concursos públicos licitados por Comunidades Autónomas (Asturias y Cantabria), sociedades públicas mercantiles (la catalana Gisa) y la propia Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente y Patrimonio del Estado). “Hemos detectado nuevos casos en Murcia, que también serán recurridos”.
Los nueve proyectos recurridos hasta ahora suman una cartera de obra próxima a 500 millones de euros. “A simple vista, parece irónico que las constructoras, con serios problemas para generar ingresos en España, denuncien a quien les da de comer, pero con estas acciones se pone de relieve la fragilidad de la norma cuando falla alguno de los eslabones de la cadena comercial”.
Entre los concursos recurridos destaca la construcción de la nueva planta depuradora de Vigo, el proyecto estrella del Ministerio de Medio Ambiente, con un presupuesto superior a 200 millones de euros”. En el caso de que las denuncias no surtan efecto y no se corrijan los pliegos de condiciones en primera instancia, CNC llevará las adjudicaciones ante el Tribunal Supremo por la vía de lo contencioso-administrativo.
Los problemas históricos asociados a la morosidad en el sector de obra pública se han acentuado en los dos últimos años por el impacto de las crisis financieras en los balances de las compañías, en su mayoría, fuertemente endeudadas; y, a su vez, a la dificultad de las Administraciones Públicas para seguir licitando obra debido a las mayores restricciones presupuestarias. “Las tensiones de tesorería de algunas constructoras les fuerzan a retrasar el pago a sus proveedores, la parte más débil de la cadena de producción.

A su vez, los Organismos inversores se las ingenian con fórmulas que bordean la legalidad para seguir licitando. La reforma de la ley ha acentuado estas tensiones”, manifiestan los expertos consultados.
Esa tensión fue la que desató, a finales del año pasado, un enfrentamiento público entre las empresas suministradoras y las compañías constructoras. El pasado 4 de noviembre, Cepco, la patronal que defiende los intereses de los proveedores, emitió un duro comunicado en el que denunciaba, entre otras cosas, que Ferrovial y Befesa, filial de Abengoa, incumplían la ley.
Según un informe de Deloitte, la Administración General del Estado paga a 140 días, las Comunidades Autónomas, a 155 días y los Ayuntamientos, a 238 días.
Para corregir la situación, las grandes constructoras intentan corregir los desequilibrios de la ley con la introducción de una enmienda en la Ley de Economía Sostenible en el Congreso de los Diputados.

Escalonado
- Con carácter general, la reforma de la ley fuerza a las empresas a pagar a sus proveedores a 60 días. En el caso de las Administraciones públicas, ese plazo se reduce a 30 días.
- Por las características del mercado de obra pública, la normativa recoge algunas excepciones. En el caso de los organismos públicos, en 2011, podrán pagar a 50 días.
- Por la misma razón, las constructoras, en aquellos contratos en vigor desde la entrada en funcionamiento de la ley, podrán pagar a sus proveedores a 120 días en 2011 (90 días en 2012).
- A los cien días de entrada en vigor de la reforma, la patronal Cepco, que defiende los intereses de las empresas suministradoras, denunció a Ferrovial y Befesa (Abengoa) de incumplir la ley con sus proveedores.
- Las constructoras confían en corregir la situación en una enmienda a la ley de Economía Sostenible.

Las grandes constructoras presionan para inutilizar la Ley de Morosidad

Las grandes constructoras, agrupadas en la patronal SEOPAN, vienen criticando con dureza la nueva  ley de lucha contra la morosidad comercial, que prohíbe a las empresas pactar plazos de pago  mayores que los legales. Podeis leer el articulo completo de Expansión en este enlace, pero tiene perlas como las que os resumo aqui:

"La organización ha confeccionado una enmienda que demanda que las compañías puedan acordar la demora del abono de sus  facturas. Eso sí, siempre que dicho pago se adelantase a través de un tipo de descuento financiero de las facturas llamado confirming o bien “mediante cualquier otra fórmula de financiación”. Vamos, el pagaré de toda la vida. Ese que si se devuelve es facilisimo recuperar el impago, y que todos corren a pagar

"Exigen introducir dicha  modificación en la Ley de Economía Sostenible, ya que la nueva ley es implacable  contra el pacto entre las partes," que hasta julio de 2010 perjudicaba a los proveedores y subcontratistas, al encontrarse en inferioridad de condiciones a la hora de negociar.

Seopan, representa los intereses de empresas como ACS, Ferrovial, FCC, OHL Acciona y Sacyr, entre otros. Esas empresas han chocado con la imposibilidad de incumplir los plazos sin enfrentarse a consecuencias legales. Seopan quiere que la enmienda modifique el apartado 5 del  artículo 211 de la  ey de Contratos del Sector Público. La modificación se sintetiza así: 

“El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los  establecidos en el presente artículo o en otras leyes de carácter general, siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley3/2004, de 29 de diciembre”.

Ello con la  condición de que “el pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve  aparejada la acción cambiaria”, cuyos gastos de descuento o negociación corran en su integridad de cuenta del contratista (para obviar esto basta con poner el los contratos que todos los gastos, incluso financieros, están incluidos) y que suponga que el acreedor perciba el anticipo del importe de la factura en los 60 días siguientes a la entrega de la mercancía o la prestación del servicio (lo negocias quieras o no). Además, el subcontratista “podrá exigir que el pago se garantice mediante aval”.A ver quien es el guapo que le pide un aval a primer requerimiento a FCC y le contratan.

 ¿Qué justifican los grandes constructores? La enmienda apunta: “Dada la actual situaciónde la deuda en mora de numerosas administraciones públicas y, en particular, de los ayuntamientos, resulta prudente permitir que los contratistas de obras y servicios que soportan la morosidad de las administraciones públicas, hasta que éstas se pongan al corriente de pago, puedan financiar sus gastos más allá de los plazos que establece la Ley3/ 2004”. Asi cualquiera consigue una tesoreria envidiable. Pago despues de Cobrar es justo lo anterior a Pago si cobro, y si no cobro no pago. Las empresas quieren volver a financiarse a costa de los proveedores, pactando pagar  tarde. Lo que tienen que resolver es que la Administración cumpla la ley, que ella misma impulsó, no que esta se vulnere en prejuicio del más debil, el subcontratista.

El recortazo de la obra pública sólo logrará ahorrar el 10% de lo previsto

Visto en Expansion. La verdad es que cada uno mira por lo suyo, pero en este caso creo tienen bastante razón. Ese recorte de infraestructuras ¿Cuanto va a perjudicar la competitividad de todas las empresas?. Porque además del recorte anunciado, está el real. Muchas obras públicas paradas o al ralentí, sin apenas producción que también son un lastre para las empresas. Creo que no hay más solución para las empresas afectadas que salir al exterior (conseguir cartera donde sea), ajustar via fusiones el tamaño del sector (porque serán fusiones o concursos) y ajustar la capacidad de las empresas a la realidad (adelgazarlas). Sobrevivirá quien tenga músculo financiero para ello.

Un cóctel de trabas amenaza no sólo la hegemonía empresarial de las constructoras, sino, en muchos casos, su misma supervivencia.

Varias autopistas de peaje están al borde de la quiebra, el Plan Renove de las autovías antiguas necesita una inyección que compense las obras adicionales y mejoras que se han hecho, la nueva normativa contable peca de bipolar para los grandes grupos empresariales... y para colmo, el afán de austeridad del Ejecutivo se ha traducido en el recortazo a la inversión en infraestructuras, por valor de 5.700 millones de euros. Todo ello se suma a los defectos que arrastra el sector: sobrecapacidad, baja capitalización y gran competencia, amén de un obligado cambio de tendencia en su política de pagos a proveedores, por la nueva Ley de Morosidad.

Ante este aluvión de zancadillas, las principales asociaciones de constructores han pasado al ataque. Le han entregado a los diputados del Congreso de los Diputados un comunicado conjunto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, en el que advierten de que ese recorte de la obra pública se traducirá en un ahorro efectivo exiguo, de sólo el 10% de lo previsto. Es decir, unos 570 millones de euros.

Presupuestos
Ante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) –organización empresarial cúpula del sector de la construcción y de sus empresas auxiliares– y las principales asociaciones nacionales del sector de la obra pública a las que representa -Seopan, Anci, Aerco y Cepco– alertan de que las medidas del Gobierno “suponen la práctica paralización del sector de la obra pública durante los dos próximos años”.

De esta forma, la poderosa construcción presiona en tromba para que se atiendan sus plegarias. Y lo hace con datos: “Atendiendo al retorno fiscal que la inversión en obra pública tiene para el Estado, la medida de reducir ésta para contener el déficit público tendrá una eficacia muy limitada, pues disminuirán los ingresos del Estado en una proporción muy relevante, teniendo en cuenta que por cada 100 millones invertidos por el Estado recupera 59 millones vía recaudación de impuestos, es decir que se financia en un 59% a corto plazo, porcentaje que se eleva al 80% si se tiene en cuenta el incremento inducido de actividad y empleo a medio plazo”.

La carta remata: “Teniendo en cuenta los costes e indemnizaciones inherentes a las resoluciones de contratos y reprogramación de anualidades, se estima que, del ahorro previsto por el Estado en el plan de ajuste realizado en la obra pública, sólo un 10% será finalmente ahorro efectivo”.

La consolidación fiscal “debería hacerse “mediante la reducción del gasto no productivo y no a expensas de la inversión”, apuntan David Taguas (presidente de Seopan) , Juan Lazcano (CNC), Jaime Lamo de Espinosa (Anci), Javier Sáenz de Cosculluela (Aerco) y Rafael Fernández (Cepco), firmantes de la misiva.

Los cinco dan un dato demoledor: el recortazo “inducirá una reducción del PIB próxima al 1,8% en los próximos años”. Y 660.000 empleos menos. Así, piden más créditos participativos para que el sector aborde de forma ordenada la reestructuración a la que se ve abocado.

SALVEMOS A LAS CONCESIONARIAS

En Seopan vemos esta reseña relativa a las concesionarias. Finalmente, el Gobierno ha decidido salvar a las concesionarias por la vía rápida. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha hecho caso omiso de la nueva normativa contable europea relativa a los acuerdos de concesión de infraestructuras públicas (conocida como Ifric 12). Las normas internacionales demandaban que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, las concesionarias reconociesen de golpe en el resultado los gastos financieros asociados a la inversión en la infraestructura público-privada en cuestión. Esto, por lo general, genera pérdidas muy cuantiosas, lo que abocaría a muchas empresas a entrar en causa de disolución (cuando las pérdidas son superiores al 50% de los fondos propios). En teoría, el Ministerio de Economía y Hacienda debía trasladar tal cual ese mecanismo contable a las sociedades individuales, pero ha optado por mantener los criterios anteriores. Es decir, las concesionarias podrán seguir difiriendo los gastos financieros durante toda la vida de la concesión, de manera que se aminora el fuerte impacto que estos tienen en los primeros años. Las discusiones del ICAC ya tomaron este camino a principios de año, como adelantó EXPANSIÓN el 2 de abril. Ahora el Instituto lo confirma mediante la publicación, para trámite de audiencia pública, del Proyecto de Orden por el que adaptará la Ifric 12 a los estados financieros individuales de las empresas, en el marco del Plan General Contable. Es decir, para las compañías cuyas cuentas no consolidan. El problema es que la mayoría de esas concesionarias son filiales de los grandes grupos cotizados del sector, y éstos sí se atienen, desde 2005, a los parámetros que dicta la nueva norma contable europea. “Esto provocará una dualidad contable”, subrayaron recientemente desde Seopan, patronal de las grandes constructoras. En efecto, todas las filiales de un grupo consolidado podrían diferir las pérdidas, pero no así sus matrices, que se apuntarán unas pérdidas más que considerables. Las organizaciones empresariales del sector ya barruntaron ese problema hace unos meses, por lo que demandaron al ICAC una solución mercantil. Es decir, cumplir con la Ifric 12 y apuntar todas las pérdidas de cada año de golpe, pero a cambio de no entrar en causa de disolución cuando esas pérdidas superen la barrera del 50% de los fondos propios. Así ocurre en otros países, como Reino Unido. Pero el Ministerio que capitanea Elena Salgado ha renunciado a su credo contable, el Libro blanco para la reforma contable, que consensuaba una adaptación total y sin “excepciones” de la Ifric 12 a los estados financieros individuales. Sin embargo, el Gobierno ha desdeñado esto, por lo que sobrevendrá otro problema, un golpe fiscal a las empresas con filiales en el exterior (o sea, todas las grandes, y España tiene seis de las 11 mayores del mundo. ¿Por qué? Porque habrá una menor deducibilidad fiscal de las pérdidas de esas filiales, y un sobrecoste para adaptar la contabilidad foránea a la española. Según los fiscalistas, la capitalización de los gastos financieros en las empresas concesionarias redundaría en costes tributarios “significativos”. Además, “se deducirían mucho más despacio [en el Impuesto sobre Sociedades] las pérdidas generadas por esos gastos financieros”. “Si queremos seguir siendo una referencia mundial en el ámbito de las concesiones, hay que resolver estas lagunas y que el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) sea un éxito de todos”, avisaba Seopan. El PEI es el gran receptor de esta nueva normativa: se trata de un programa inversor público-privado por el cual se movilizarán 17.000 millones de euros en poco más de dos años (lo que queda de 2010, 2011 y 2012). Según Seopan, si se hicieran bien las cosas, se podrían crear 340.000 empleos.

DESCIENDE EL CONSUMO INTERANUAL DE CEMENTO UN 14,6 % HASTA LOS 19 MILLONES DE TONELADAS

Vemos en  Seopan el informe del consumo de cemento hasta septiembre de Oficemen. Este sí es en mi opinicón un dato incontrovertible. Sea edificación, rehabilitación u obra pública, aunque las grandes cuantias se mueven en esta ultima,  siempre se utiliza el cemento. los datos son de infarto. prohibido tragar saliva.

Madrid, 20 de octubre de 2010.- Con casi 19 millones de toneladas, el consumo de cemento cayó un 14,6% hasta septiembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las plantas integrales de cemento españolas han producido en los nueve primeros meses del año 19,9 millones de toneladas, cifra que representa un descenso del 11,9% frente a lo que producían en el mismo periodo de 2009. Estas cifras ponen de manifiesto que el mercado no se ha estabilizado y los ratios de producción y demanda de cemento continúan cayendo.
De hecho, el consumo per cápita actual es de 560 kgs/año una cifra netamente inferior a lo que se podría considerar una situación normal en países de la UE similares a España y que nos sitúa a niveles de consumo por habitante semejante al de los años 87- 88.
El descenso de la actividad se ha compensado mínimamente con la exportación. Así, hasta el pasado septiembre la industria cementera española ha vendido en los mercados internacionales, fundamentalmente Europa, Norte de África y Estados Unidos, casi tres millones de toneladas, lo que representa un aumento del 33,6% con respecto al mismo periodo de 2009. Por su parte, las importaciones decrecen un 24% y se sitúan en 1,7 millones de toneladas, lo que aproximadamente representa un 10% del consumo total de cemento.

SIEMPRE NOS QUEDARA..... ARGELIA

Creo firmentente que es necesario para las empresas de nuestro sector de este país la salida al exterior, al nivel que podamos cada uno de nosotros. Desde la gran empresa que licita una gran obra hasta el industrial más pequeño que aporta su conocimiento y experiencia. Nadie va a sacarnos las castañas del fuego sino nosotros mismos a base de esfuerzo y de trabajo.

Si alguien esta pensando en esto, aqui podéis encontrar un pequeño informe sobre Argelia, visto en SEOPAN, un mercado emergente en materia de construcción, elaborado por Iñigo Febrel, Consejero Económico y Comercial de la Embajada Española en Argel. 

A la vista del informe, dan ganas de irse corriendo, ya que las perspectivas son parece bastante buenas. Existe un Plan Quinquenal 2010-2014, aprobado en mayo, con un programa de inversiones públicas, con una inversión prevista de 212.000 millones de euros y dos focos de actuación:

-La terminación de los proyectos previstos en el anterior programa de inversión (2004-2009) por un importe de casi 97.000 millones de euros.
-Nuevos proyectos, por un importe de 115.000 millones de euros.

la Licitación en obra civil prevista es de 79.000 millones de euros.

Igualito que en España.  Animo y al toro