lunes, 27 de diciembre de 2010

El Gobierno indemniza el retraso

En la razón apareció hace unos días esta noticia, que desde luego solo habla de la capacidad de previsión de nuestros políticos. Metemos a tres empresas en una concesión de un tramo de AVE, que no es un kiosco de prensa, y retrasamos la puesta en servicio del tramo, y con ello los ingresos de la concesionaria casi un año. Exactamente 306 días de retraso que le han costado al Erario Publico 128 millones de euros y una prorroga de 3 años en el contrato de concesión. Casi nada. 
Y luego aparece nuestro flamante ministro publicitando su PEI (Plan de Inversión Extraordinaria) de infraestructuras de Fomento, por el que aborda un conjunto de obras en colaboración con el capital privado,  durante su intervención en una jornada sobre infraestructuras organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, con perlas como "El sistema de financiación mediante colaboración público-privada ha venido para quedarse", o que

"El sistema concesional cada vez tendrá más peso" en la construcción de infraestructuras. Un tramo de 44 Km que vale 1.096.000.000 € que de salida ya cuesta un 11,6 % más y con una prorroga de 3 años más sobre los 50 previstos.
Concesionarias, no os preocupéis. Eso sí, si conseguís llegar a que el Gobierno os indemnice...
Ayer se inauguró el tramo del AVE que une Figueres con Perpiñán, el primer paso, aunque incompleto, para conectar España y Francia por tren de alta velocidad. Pero, los trabajos realizados para hacer posible esta conexión acabaron hace mucho
Exactamente, el 17 de febrero de 2009, TP Ferro, formada por las empresas ACS, Dragados y la francesa Eiffage, y la encargada de la construcción y explotación del tramo, entregó la obra al Gobierno, cumpliendo los plazos establecidos por el contrato. Un contrato que establece que por cada tren que pasa por estas vías, TP Ferro debe embolsarse más de 1.300 euros a lo largo de 50 años. La concesionaria cumplió, pero no así el Gobierno, ya que el tramo no entró en servicio hasta ayer por lo que TP Ferro no pudo explotar antes el tramo. La situación obligó al Ejecutivo a indemnizar con 128 millones de euros a la compañía y a ampliar el contrato de concesión tres años más. La modificación fue aprobada el 11 de diciembre del año pasado para mantener «su equilibrio económico y financiero». 
La inauguración «no oficial» (no asistió ninguna autoridad de los gobiernos españoles y franceses») no podía demorarse más.

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