En SEOPAN nos dan una de cal y otra de arena. La solución no es retrasar los pagos sino mejorar sus cobros. Si no, seguiremos igual que siempre, con palzos de pago larguisimos que además de asfixiar a los proveedores aumentan los riesgos vivos de las empresas a cantidades de vertigo. Volveremos a los casos de terminar trabajos por valor de cientos de miles de euros sin tener vencidas las obligaciones de pago.
Las constructoras, en contra de su voluntad, se han plegada a las obligaciones de pago que impone la nueva ley contra la morosidad en operaciones comerciales, aprobada por el Gobierno en julio del año pasado.
Sólo seis meses después de su entrada en vigor, la polémica reforma, que fuerza a las compañías del sector a pagar a sus proveedores y subcontratistas a 60 días de manera escalonada hasta 2013, ha desatado un frente judicial que pone de manifiesto la fragilidad de la norma, su difícil cumplimiento y las consecuencias que su aplicación está teniendo sobre el mercado de obra pública.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el incumplimiento de la ley, que, según las constructoras, se está convirtiendo en norma entre los organismos licitadores de obra pública, obligados, tras la reforma, a pagar a sus contratistas a 30 días de manera escalonada hasta 2013. “Hemos detectado pliegos de condiciones de obras en donde se imponen plazos de pago de hasta diez años cuando, en 2011, sólo estaría permitido a 50 días”, aseguran las empresas.
Cartera de producción
Por unanimidad, el sector ha dado mandato a los servicios jurídicos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la gran patronal sectorial, para denunciar todos los casos en los que la Administración intente vulnerar la ley. “Desde diciembre, ya hemos recurrido nueve licitaciones y va a más”, aseguran desde la organización empresarial.
El abanico de denuncias es variado. Afecta a concursos públicos licitados por Comunidades Autónomas (Asturias y Cantabria), sociedades públicas mercantiles (la catalana Gisa) y la propia Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente y Patrimonio del Estado). “Hemos detectado nuevos casos en Murcia, que también serán recurridos”.
Los nueve proyectos recurridos hasta ahora suman una cartera de obra próxima a 500 millones de euros. “A simple vista, parece irónico que las constructoras, con serios problemas para generar ingresos en España, denuncien a quien les da de comer, pero con estas acciones se pone de relieve la fragilidad de la norma cuando falla alguno de los eslabones de la cadena comercial”.
Entre los concursos recurridos destaca la construcción de la nueva planta depuradora de Vigo, el proyecto estrella del Ministerio de Medio Ambiente, con un presupuesto superior a 200 millones de euros”. En el caso de que las denuncias no surtan efecto y no se corrijan los pliegos de condiciones en primera instancia, CNC llevará las adjudicaciones ante el Tribunal Supremo por la vía de lo contencioso-administrativo.
Los problemas históricos asociados a la morosidad en el sector de obra pública se han acentuado en los dos últimos años por el impacto de las crisis financieras en los balances de las compañías, en su mayoría, fuertemente endeudadas; y, a su vez, a la dificultad de las Administraciones Públicas para seguir licitando obra debido a las mayores restricciones presupuestarias. “Las tensiones de tesorería de algunas constructoras les fuerzan a retrasar el pago a sus proveedores, la parte más débil de la cadena de producción.
Sólo seis meses después de su entrada en vigor, la polémica reforma, que fuerza a las compañías del sector a pagar a sus proveedores y subcontratistas a 60 días de manera escalonada hasta 2013, ha desatado un frente judicial que pone de manifiesto la fragilidad de la norma, su difícil cumplimiento y las consecuencias que su aplicación está teniendo sobre el mercado de obra pública.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el incumplimiento de la ley, que, según las constructoras, se está convirtiendo en norma entre los organismos licitadores de obra pública, obligados, tras la reforma, a pagar a sus contratistas a 30 días de manera escalonada hasta 2013. “Hemos detectado pliegos de condiciones de obras en donde se imponen plazos de pago de hasta diez años cuando, en 2011, sólo estaría permitido a 50 días”, aseguran las empresas.
Cartera de producción
Por unanimidad, el sector ha dado mandato a los servicios jurídicos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la gran patronal sectorial, para denunciar todos los casos en los que la Administración intente vulnerar la ley. “Desde diciembre, ya hemos recurrido nueve licitaciones y va a más”, aseguran desde la organización empresarial.
El abanico de denuncias es variado. Afecta a concursos públicos licitados por Comunidades Autónomas (Asturias y Cantabria), sociedades públicas mercantiles (la catalana Gisa) y la propia Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente y Patrimonio del Estado). “Hemos detectado nuevos casos en Murcia, que también serán recurridos”.
Los nueve proyectos recurridos hasta ahora suman una cartera de obra próxima a 500 millones de euros. “A simple vista, parece irónico que las constructoras, con serios problemas para generar ingresos en España, denuncien a quien les da de comer, pero con estas acciones se pone de relieve la fragilidad de la norma cuando falla alguno de los eslabones de la cadena comercial”.
Entre los concursos recurridos destaca la construcción de la nueva planta depuradora de Vigo, el proyecto estrella del Ministerio de Medio Ambiente, con un presupuesto superior a 200 millones de euros”. En el caso de que las denuncias no surtan efecto y no se corrijan los pliegos de condiciones en primera instancia, CNC llevará las adjudicaciones ante el Tribunal Supremo por la vía de lo contencioso-administrativo.
Los problemas históricos asociados a la morosidad en el sector de obra pública se han acentuado en los dos últimos años por el impacto de las crisis financieras en los balances de las compañías, en su mayoría, fuertemente endeudadas; y, a su vez, a la dificultad de las Administraciones Públicas para seguir licitando obra debido a las mayores restricciones presupuestarias. “Las tensiones de tesorería de algunas constructoras les fuerzan a retrasar el pago a sus proveedores, la parte más débil de la cadena de producción.
A su vez, los Organismos inversores se las ingenian con fórmulas que bordean la legalidad para seguir licitando. La reforma de la ley ha acentuado estas tensiones”, manifiestan los expertos consultados.
Esa tensión fue la que desató, a finales del año pasado, un enfrentamiento público entre las empresas suministradoras y las compañías constructoras. El pasado 4 de noviembre, Cepco, la patronal que defiende los intereses de los proveedores, emitió un duro comunicado en el que denunciaba, entre otras cosas, que Ferrovial y Befesa, filial de Abengoa, incumplían la ley.
Según un informe de Deloitte, la Administración General del Estado paga a 140 días, las Comunidades Autónomas, a 155 días y los Ayuntamientos, a 238 días.
Para corregir la situación, las grandes constructoras intentan corregir los desequilibrios de la ley con la introducción de una enmienda en la Ley de Economía Sostenible en el Congreso de los Diputados.
Esa tensión fue la que desató, a finales del año pasado, un enfrentamiento público entre las empresas suministradoras y las compañías constructoras. El pasado 4 de noviembre, Cepco, la patronal que defiende los intereses de los proveedores, emitió un duro comunicado en el que denunciaba, entre otras cosas, que Ferrovial y Befesa, filial de Abengoa, incumplían la ley.
Según un informe de Deloitte, la Administración General del Estado paga a 140 días, las Comunidades Autónomas, a 155 días y los Ayuntamientos, a 238 días.
Para corregir la situación, las grandes constructoras intentan corregir los desequilibrios de la ley con la introducción de una enmienda en la Ley de Economía Sostenible en el Congreso de los Diputados.
Escalonado
- Con carácter general, la reforma de la ley fuerza a las empresas a pagar a sus proveedores a 60 días. En el caso de las Administraciones públicas, ese plazo se reduce a 30 días.
- Por las características del mercado de obra pública, la normativa recoge algunas excepciones. En el caso de los organismos públicos, en 2011, podrán pagar a 50 días.
- Por la misma razón, las constructoras, en aquellos contratos en vigor desde la entrada en funcionamiento de la ley, podrán pagar a sus proveedores a 120 días en 2011 (90 días en 2012).
- A los cien días de entrada en vigor de la reforma, la patronal Cepco, que defiende los intereses de las empresas suministradoras, denunció a Ferrovial y Befesa (Abengoa) de incumplir la ley con sus proveedores.
- Las constructoras confían en corregir la situación en una enmienda a la ley de Economía Sostenible.
- Con carácter general, la reforma de la ley fuerza a las empresas a pagar a sus proveedores a 60 días. En el caso de las Administraciones públicas, ese plazo se reduce a 30 días.
- Por las características del mercado de obra pública, la normativa recoge algunas excepciones. En el caso de los organismos públicos, en 2011, podrán pagar a 50 días.
- Por la misma razón, las constructoras, en aquellos contratos en vigor desde la entrada en funcionamiento de la ley, podrán pagar a sus proveedores a 120 días en 2011 (90 días en 2012).
- A los cien días de entrada en vigor de la reforma, la patronal Cepco, que defiende los intereses de las empresas suministradoras, denunció a Ferrovial y Befesa (Abengoa) de incumplir la ley con sus proveedores.
- Las constructoras confían en corregir la situación en una enmienda a la ley de Economía Sostenible.
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