No se merecen tu voto.

He hecho el esfuerzo de esperar a terminar una serie de lo que nos prometen los politicos cara a las proximas elecciones para publicar esto.De verdad que nuestra clase política es de traca. Pero para atarlos a la traca. Y esta noticia de Vozpopuli es de verdad la gota que colma el vaso. Simplemente vamos a dejar bien colocados a los amiguetes antes de irnos, que despues ya nos devolverán el favor, y así mangoneamos hasta el ultimo minuto. Total, vamos a licitar 300 milloncejos que ya veremos como se pagan, porque el marron que lo pague otro.
Nuestros politicos son como el inquilino que no paga el alquiler, que además ha vendido los muebles del piso que le alquilamos por un tiempo determinado y se ha gastado la pasta en chorradas innecesarios, los propietarios legitimos consiguen, despues de mucho esfuerzo legal, deshauciarlo y como se enfada deja el piso destrozado, solamente para jo...
Es verdad que no hay pan para tanto chorizo.A ver en si la sociedad española aprendemos de una vez.

Consultar el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque sea por Internet, es un castigo pesado pero a veces aporta resultados. Los últimos números contienen una auténtica lluvia de licitaciones de obras para carreteras por un importe conjunto de 300 millones que encierran entre sí un nexo común: la apertura de plicas con las propuestas económicas se producirá el próximo 17 de noviembre, tres días antes de la celebración de las elecciones generales.
 El PP ha puesto la lupa sobre estas licitaciones para ver si se esconde algo oscuro detrás, teniendo en cuenta que las adjudicaciones de obra tienen como fin el mantenimiento de la red de carreteras del Estado y que la Dirección encargada de ello en el Ministerio de Fomento lleva al menos dos años sin tomar decisiones de esta naturaleza. La mayoría de los contratos en juego tienen un horizonte de tres años. Los que incorporan un presupuesto más cuantioso contienen obras en las provincias de Madrid,  Huesca, Zamora, Salamanca, Zaragoza y Almería.
 En el caso de que todas estas adjudicaciones se lleven finalmente a cabo en vísperas electorales, los partidos políticos apenas si tendrán margen para controlar este tipo de decisiones en el Parlamento ya que la disolución de las Cámaras se produjo el pasado 27 de septiembre y desde entonces se encuentra bajo el gobierno de la Diputación Permanente. En todo caso, la investigación podría llevarse a cabo a posteriori, previsiblemente ya con el PP en el Ejecutivo, una vez se constituyan las nuevas Cámaras en Navidades, un escenario tan irreal como poco probable.300

La construcción caerá otro 10 por ciento durante 2011

En Via Libre, una revista ferroviaria, editada por el Patronato de la Fundación de los ferrocarriles Españoles,nos alegran con este artículo. Este nuevo retroceso en el valor de los trabajos de construcción se unirá al descenso nominal del 10 por ciento de 2010, y a las caídas registradas en 2009, 15 por ciento, y 2008 ,3,6 por ciento. La producción total se situó en 2010 en los 147.902 millones de euros, acumulando una caída del 26 por ciento desde el máximo de 200.554 millones alcanzado en 2007.

En este contexto de fuerte retroceso, cabe destacar el cambio de ciclo experimentado en el segmento de obra civil, tras varios años de crecimiento sostenido. Así, el valor de la producción, tras permanecer estancado en 2009, disminuyó un 10,6 por ciento en 2010, situándose en 49.250 millones de euros. La edificación residencial mantuvo la tendencia de fuerte caída, al experimentar una tasa de variación negativa del 16,9 por ciento en 2010 tras el retroceso del 27,4 por ciento
en 2009.
Diversificación e internacionalización
El deterioro del mercado español ha hecho que, en los dos últimos años, se intensifiquen los procesos de diversificación e internacionalización de las empresas de modo que el valor de los trabajos de construcción realizados en el extranjero creció un 13 por ciento en 2010 para alcanzar los 14.350 millones, tras registrar un crecimiento del 12 por ciento en 2009.
Las actividades distintas a la construcción superaron por primera vez en la facturación consolidada de los seis principales grupos constructores el 50 por ciento en 2009 y alcanzaron en 2010 el 54 por ciento.
Previsiones
La evolución de construcción en España apunta a nuevos descensos para 2011 y 2012, en un contexto de
fuerte reducción del gasto público en infraestructuras. Así 2011 será el cuarto año consecutivo en el que se
registrará una caída en el valor de la producción total, estimándose un descenso nominal de la obra civil del
21 por ciento. En 2012 la tendencia a la baja en el mercado de edificación se suavizará para situarse en el 4
por ciento.
Estructura de la oferta
La fuerte caída de la actividad constructora registrada en el período 2008-2010 se ha traducido en un acusado
descenso en el número de constructoras y en el empleo generado. Así, a principios de 2010 se identificaban
en el sector 103.487 empresas, excluyendo las compañías sin asalariados, un 13,5 por ciento menos que a
principios de 2009. El número de ocupados se situó en el primer trimestre de 2011 en 1,49 millones,
registrando una caída de 170.000 respecto al mismo período de 2010.
A pesar de la fuerte disminución del número de empresas, el sector está todavía integrado por un amplio
número de operadores, en su mayor parte de pequeño tamaño y con un ámbito de actuación local. El 85
por ciento del número total de compañías con asalariados cuenta con plantillas inferiores a los diez empleados.
En 2010, los seis principales grupos reunieron de forma conjunta el 9 por ciento del valor de la producción en
España y el 84 por ciento de la exportación.

La licitación de obra de Fomento se desploma un 60% en 2010

La licitación de contratos de obras públicas por parte del Ministerio de Fomento se desplomó un 60,2% en 2010 en comparación con el ejercicio precedente, hasta situarse en 3.662 millones de euros, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.

 La reducción equivale a un recorte de 5.545 millones de euros, dado que en 2009 el departamento que dirige José Blanco sacó a concurso proyectos por un presupuesto total de 9.200 millones. Fomento fue así el organismo público que experimentó el mayor ajuste en licitación de obra pública de 2010, que además se suma al del 35% que ya experimentó en 2009.

De esta forma, a cierre de 2010 los contratos promovidos por este Ministerio suponían el 13,8% del total licitado por el conjunto de las administraciones públicas del Estado, la mitad respecto a la cota del 24% de cierre de 2009.

De su lado, el total de obras públicas puestas en marcha en España por parte de las distintas administraciones durante 2010 también experimentó un descenso del 32,2%, hasta situarse en 26.520 millones de euros.

Esta cifra arroja una reducción de inversión en obra pública de unos 12.600 millones de euros, dado que en 2009 la licitación de obra pública de todo el Estado sumó 39.100 millones de euros.

El mayor descenso lo registró el Gobierno central, con una caída del 54,7%, arrastrado por la referida contracción de Fomento (principal organismo inversor de la Administración central), y la reducción del 21,5% del Ministerio de Medio Ambiente.

De esta forma, el Ejecutivo central licitó obras por un importe de 5.531 millones de euros, unos 6.700 millones menos que un año antes.

Después se situaron las administraciones locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos y otras), que en 2010 promovieron proyectos por 11.575 millones, un 22,4% (unos 3.350 millones de euros) menos que un año antes, si bien supusieron el 43,6% del total estatal.

De su lado, las comunidades autónomas sacaron a concurso el pasado año obras por un presupuesto inversor total de 9.413,3 millones de euros, un 21,3% (unos 2.500 millones de euros) menos, pero el 35,5% del total nacional.

MENOS GRANDES INFRAESTRUCTURAS.

Por tipo de obras, la promoción de grandes infraestructuras es la que experimentó el mayor desplome en 2010 en el conjunto del Estado, de un 38,6%, hasta sumar un volumen inversor de 15.512 millones de euros, unos 9.800 millones de euros menos que hace un año.

La promoción de obras de carreteras por parte de las distintas  administraciones descendió un 36,6%, en tanto que las de ferrocarril cayó un 56,8% y los proyectos hidráulicos disminuyeron un 26%. Por contra, los medioambientales, crecieron un 18%.

De su lado, los contratos de edificaciones públicas (colegios, hospitales y centros deportivos, administrativos e industriales) disminuyeron un 20,4% el pasado año, hasta los 11.000 millones, pese al fuerte incremento del 49% registrado por la licitación de proyectos sanitarios.

Las empresas del sector han dado mandato a los servicios jurídicos de la patronal CNC para llevar a los tribunales las licitaciones que incumplan la nueva ley de morosidad.

En SEOPAN nos dan una de cal y otra de arena. La solución no es retrasar los pagos sino mejorar sus cobros.  Si no, seguiremos igual que siempre, con palzos de pago larguisimos que además de asfixiar a los proveedores aumentan los riesgos vivos de las empresas a cantidades de vertigo. Volveremos a los casos de terminar trabajos por valor de cientos de miles de euros sin tener vencidas las obligaciones de pago.

Las constructoras, en contra de su voluntad, se han plegada a las obligaciones de pago que impone la nueva ley contra la morosidad en operaciones comerciales, aprobada por el Gobierno en julio del año pasado.
Sólo seis meses después de su entrada en vigor, la polémica reforma, que fuerza a las compañías del sector a pagar a sus proveedores y subcontratistas a 60 días de manera escalonada hasta 2013, ha desatado un frente judicial que pone de manifiesto la fragilidad de la norma, su difícil cumplimiento y las consecuencias que su aplicación está teniendo sobre el mercado de obra pública.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el incumplimiento de la ley, que, según las constructoras, se está convirtiendo en norma entre los organismos licitadores de obra pública, obligados, tras la reforma, a pagar a sus contratistas a 30 días de manera escalonada hasta 2013. “Hemos detectado pliegos de condiciones de obras en donde se imponen plazos de pago de hasta diez años cuando, en 2011, sólo estaría permitido a 50 días”, aseguran las empresas.
Cartera de producción
Por unanimidad, el sector ha dado mandato a los servicios jurídicos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la gran patronal sectorial, para denunciar todos los casos en los que la Administración intente vulnerar la ley. “Desde diciembre, ya hemos recurrido nueve licitaciones y va a más”, aseguran desde la organización empresarial.
El abanico de denuncias es variado. Afecta a concursos públicos licitados por Comunidades Autónomas (Asturias y Cantabria), sociedades públicas mercantiles (la catalana Gisa) y la propia Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente y Patrimonio del Estado). “Hemos detectado nuevos casos en Murcia, que también serán recurridos”.
Los nueve proyectos recurridos hasta ahora suman una cartera de obra próxima a 500 millones de euros. “A simple vista, parece irónico que las constructoras, con serios problemas para generar ingresos en España, denuncien a quien les da de comer, pero con estas acciones se pone de relieve la fragilidad de la norma cuando falla alguno de los eslabones de la cadena comercial”.
Entre los concursos recurridos destaca la construcción de la nueva planta depuradora de Vigo, el proyecto estrella del Ministerio de Medio Ambiente, con un presupuesto superior a 200 millones de euros”. En el caso de que las denuncias no surtan efecto y no se corrijan los pliegos de condiciones en primera instancia, CNC llevará las adjudicaciones ante el Tribunal Supremo por la vía de lo contencioso-administrativo.
Los problemas históricos asociados a la morosidad en el sector de obra pública se han acentuado en los dos últimos años por el impacto de las crisis financieras en los balances de las compañías, en su mayoría, fuertemente endeudadas; y, a su vez, a la dificultad de las Administraciones Públicas para seguir licitando obra debido a las mayores restricciones presupuestarias. “Las tensiones de tesorería de algunas constructoras les fuerzan a retrasar el pago a sus proveedores, la parte más débil de la cadena de producción.

A su vez, los Organismos inversores se las ingenian con fórmulas que bordean la legalidad para seguir licitando. La reforma de la ley ha acentuado estas tensiones”, manifiestan los expertos consultados.
Esa tensión fue la que desató, a finales del año pasado, un enfrentamiento público entre las empresas suministradoras y las compañías constructoras. El pasado 4 de noviembre, Cepco, la patronal que defiende los intereses de los proveedores, emitió un duro comunicado en el que denunciaba, entre otras cosas, que Ferrovial y Befesa, filial de Abengoa, incumplían la ley.
Según un informe de Deloitte, la Administración General del Estado paga a 140 días, las Comunidades Autónomas, a 155 días y los Ayuntamientos, a 238 días.
Para corregir la situación, las grandes constructoras intentan corregir los desequilibrios de la ley con la introducción de una enmienda en la Ley de Economía Sostenible en el Congreso de los Diputados.

Escalonado
- Con carácter general, la reforma de la ley fuerza a las empresas a pagar a sus proveedores a 60 días. En el caso de las Administraciones públicas, ese plazo se reduce a 30 días.
- Por las características del mercado de obra pública, la normativa recoge algunas excepciones. En el caso de los organismos públicos, en 2011, podrán pagar a 50 días.
- Por la misma razón, las constructoras, en aquellos contratos en vigor desde la entrada en funcionamiento de la ley, podrán pagar a sus proveedores a 120 días en 2011 (90 días en 2012).
- A los cien días de entrada en vigor de la reforma, la patronal Cepco, que defiende los intereses de las empresas suministradoras, denunció a Ferrovial y Befesa (Abengoa) de incumplir la ley con sus proveedores.
- Las constructoras confían en corregir la situación en una enmienda a la ley de Economía Sostenible.