El recortazo de la obra pública sólo logrará ahorrar el 10% de lo previsto

Visto en Expansion. La verdad es que cada uno mira por lo suyo, pero en este caso creo tienen bastante razón. Ese recorte de infraestructuras ¿Cuanto va a perjudicar la competitividad de todas las empresas?. Porque además del recorte anunciado, está el real. Muchas obras públicas paradas o al ralentí, sin apenas producción que también son un lastre para las empresas. Creo que no hay más solución para las empresas afectadas que salir al exterior (conseguir cartera donde sea), ajustar via fusiones el tamaño del sector (porque serán fusiones o concursos) y ajustar la capacidad de las empresas a la realidad (adelgazarlas). Sobrevivirá quien tenga músculo financiero para ello.

Un cóctel de trabas amenaza no sólo la hegemonía empresarial de las constructoras, sino, en muchos casos, su misma supervivencia.

Varias autopistas de peaje están al borde de la quiebra, el Plan Renove de las autovías antiguas necesita una inyección que compense las obras adicionales y mejoras que se han hecho, la nueva normativa contable peca de bipolar para los grandes grupos empresariales... y para colmo, el afán de austeridad del Ejecutivo se ha traducido en el recortazo a la inversión en infraestructuras, por valor de 5.700 millones de euros. Todo ello se suma a los defectos que arrastra el sector: sobrecapacidad, baja capitalización y gran competencia, amén de un obligado cambio de tendencia en su política de pagos a proveedores, por la nueva Ley de Morosidad.

Ante este aluvión de zancadillas, las principales asociaciones de constructores han pasado al ataque. Le han entregado a los diputados del Congreso de los Diputados un comunicado conjunto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, en el que advierten de que ese recorte de la obra pública se traducirá en un ahorro efectivo exiguo, de sólo el 10% de lo previsto. Es decir, unos 570 millones de euros.

Presupuestos
Ante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) –organización empresarial cúpula del sector de la construcción y de sus empresas auxiliares– y las principales asociaciones nacionales del sector de la obra pública a las que representa -Seopan, Anci, Aerco y Cepco– alertan de que las medidas del Gobierno “suponen la práctica paralización del sector de la obra pública durante los dos próximos años”.

De esta forma, la poderosa construcción presiona en tromba para que se atiendan sus plegarias. Y lo hace con datos: “Atendiendo al retorno fiscal que la inversión en obra pública tiene para el Estado, la medida de reducir ésta para contener el déficit público tendrá una eficacia muy limitada, pues disminuirán los ingresos del Estado en una proporción muy relevante, teniendo en cuenta que por cada 100 millones invertidos por el Estado recupera 59 millones vía recaudación de impuestos, es decir que se financia en un 59% a corto plazo, porcentaje que se eleva al 80% si se tiene en cuenta el incremento inducido de actividad y empleo a medio plazo”.

La carta remata: “Teniendo en cuenta los costes e indemnizaciones inherentes a las resoluciones de contratos y reprogramación de anualidades, se estima que, del ahorro previsto por el Estado en el plan de ajuste realizado en la obra pública, sólo un 10% será finalmente ahorro efectivo”.

La consolidación fiscal “debería hacerse “mediante la reducción del gasto no productivo y no a expensas de la inversión”, apuntan David Taguas (presidente de Seopan) , Juan Lazcano (CNC), Jaime Lamo de Espinosa (Anci), Javier Sáenz de Cosculluela (Aerco) y Rafael Fernández (Cepco), firmantes de la misiva.

Los cinco dan un dato demoledor: el recortazo “inducirá una reducción del PIB próxima al 1,8% en los próximos años”. Y 660.000 empleos menos. Así, piden más créditos participativos para que el sector aborde de forma ordenada la reestructuración a la que se ve abocado.