La cántabra Prefabricados Escalante (Prefesa), especializada en la producción de prefabricados de hormigón, ha iniciado el proceso de liquidación de la sociedad, tras no superar el concurso de acreedores en el que se encuentra desde julio de 2009. La compañía dispone de instalaciones de 6.000 m2 sobre terrenos de 26.000 m2, facturó 3,41 M en 2006 -último dato disponible-, con fondos propios negativos de 660.000 € y 26 trabajadores. En el mismo periodo, contaba con deudas a largo plazo de 1,42 M y de 731.000 € a corto plazo.
Se da la circunstancia, de que era la segunda vez que Prefesa suspendía pagos, puesto que ya en marzo de 2005 salvó su primer concurso, tras alcanzar el acuerdo con sus acreedores.
Esta empresa ha estado en muchas ocasiones con problemas. Es curiosa esta historia que encuentro en internet y que me consta es cierta, al menos en lo fundamental. "En 1990 Prefesa comenzó la fabricación de una vigueta denominada comercialmente Pi por su diseño, que guarda cierto parecido con la letra griega. Dos años después decidió desarrollar un panel especial ignífugo en su oficina técnica, dirigida por un ingeniero de caminos y un aparejador, además de uno de los dueños de la empresa, que es arquitecto. Este último recurrió a un hermano, ingeniero de Caminos del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, que se prestó a colaborar en el desarrollo del nuevo panel. El resultado fue sometido a pruebas durante los años 1993 y 1994. Mientras tanto, el ingeniero colaborador registró la innovación a su nombre en la Oficina de Patentes y Marcas.
La firma preparó su planta para la fabricación en serie de este panel que empezó a comercializar a finales de 1997. Año y medio después se produjo la disputa sobre la titularidad de la patente, que el Juzgado Número 6 de Santander le otorgó al ingeniero del CSIC. Ambas partes recurrieron la sentencia que ahora está en el Supremo donde finalmente se dilucidará de quién es propiedad.
Ante la incertidumbre del resultado del juicio,Prefabricados Escalante desarrolló un nuevo panel en 1999, tres veces más resistente que el anterior, y en febrero de 2000 dejó de fabricar el que era objeto de litigio.
Esto no evitó que en junio de 2001 el afectado hiciese uso de la nueva posibilidad de solicitar la ejecución provisional de la sentencia a su favor y reclamase una indemnización de 643 millones de pesetas a la empresa por el uso que había realizado de la patente. Prefesa, por su parte, valoró los posibles daños causados en 17,7 millones de pesetas.
Una indemnización estratosférica
La jueza Laura Cuevas finalmente impuso una cuantía de 596 millones en favor del ingeniero, dando por buena su tesis de que en en ese tiempo en que no pudo disponer de la patente (unos dos años y medio) podía haber creado fábricas de paneles en toda España y desechando la valoración del perito nombrado por el propio Juzgado que estimó los daños en una cantidad muchísimo más modesta, 32,7 millones de pesetas.
A resultas de la ejecución de esta cantidad, que ha sido considerada en el sector desmesurada, Prefabricados Escalante ha quedado en suspensión de pagos (hablamos del año 2.001) y podría llegar a la quiebra definitiva –aunque la posibilidad es bastante remota– antes de que la Audiencia Provincial confirme o modifique esta liquidación de daños o en los dos años que como poco faltan para que el Supremo se pronuncie definitivamente sobre la titularidad de la patente.
La firma preparó su planta para la fabricación en serie de este panel que empezó a comercializar a finales de 1997. Año y medio después se produjo la disputa sobre la titularidad de la patente, que el Juzgado Número 6 de Santander le otorgó al ingeniero del CSIC. Ambas partes recurrieron la sentencia que ahora está en el Supremo donde finalmente se dilucidará de quién es propiedad.
Ante la incertidumbre del resultado del juicio,Prefabricados Escalante desarrolló un nuevo panel en 1999, tres veces más resistente que el anterior, y en febrero de 2000 dejó de fabricar el que era objeto de litigio.
Esto no evitó que en junio de 2001 el afectado hiciese uso de la nueva posibilidad de solicitar la ejecución provisional de la sentencia a su favor y reclamase una indemnización de 643 millones de pesetas a la empresa por el uso que había realizado de la patente. Prefesa, por su parte, valoró los posibles daños causados en 17,7 millones de pesetas.
Una indemnización estratosférica
La jueza Laura Cuevas finalmente impuso una cuantía de 596 millones en favor del ingeniero, dando por buena su tesis de que en en ese tiempo en que no pudo disponer de la patente (unos dos años y medio) podía haber creado fábricas de paneles en toda España y desechando la valoración del perito nombrado por el propio Juzgado que estimó los daños en una cantidad muchísimo más modesta, 32,7 millones de pesetas.
A resultas de la ejecución de esta cantidad, que ha sido considerada en el sector desmesurada, Prefabricados Escalante ha quedado en suspensión de pagos (hablamos del año 2.001) y podría llegar a la quiebra definitiva –aunque la posibilidad es bastante remota– antes de que la Audiencia Provincial confirme o modifique esta liquidación de daños o en los dos años que como poco faltan para que el Supremo se pronuncie definitivamente sobre la titularidad de la patente.
Finalmente no se el resultado de este pleito, pero de cualquier manera el final de la empresa ha sido el mismo. Una suspensión de pagos en 2.001, un concurso en 2.004 y el definitivo en 2.009. Casi nada.
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