LAS CONSTRUCTORAS LANZAN UNA AVALANCHA DE DEMANDAS CONRA LOS ALCALDES MOROSOS

Antes no se reclamaba por temor a convertirse en "empresa non grata" y dejar de recibir adjudicaciones.. como cambian los tiempos. 
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Las constructoras han dicho basta y han decidido pasar al ataque contra la morosidad de los ayuntamientos. Bajo el brazo, una oleada de demandas judiciales por la vía contencioso-administrativa, para reclamar las oportunas indemnizaciones. No pueden esperar más. Los impagos locales, un virus económico que va pudriendo el tejido empresarial al ritmo de la crisis, las ahogan.

Además, el recortazo de la obra pública que ha acometido el Ministerio de Fomento ha generado una enorme confusión sobre el futuro de las carteras empresariales de infraestructuras, por lo que las compañías se apresuran a apuntalar por la vía judicial los derechos de cobro adquiridos.

El caso más sintomático es el de las concesionarias de los servicios públicos de limpieza, que suelen ser filiales de constructoras. Los ayuntamientos les deben más de 3.200 millones de euros, según Francisco Jardón, presidente de la patronal del ramo, Aselip, que representa a compañías que emplean a 110.000 personas. Entre ellas, FCC, Urbaser (filial de ACS), Cespa (Ferrovial) y Sufi (Sacyr).

“Todas nuestras empresas están demandando a los alcaldes”, revela Jardón a EXPANSIÓN. “En función de la deuda que tiene el ayuntamiento, se le demanda”. “Hay un consenso en litigar ahora, porque la demora es tal que van a juicio todas las empresas en casi todos los ayuntamientos, y servimos a más de 6.000 consistorios”, ahonda.

Una solución intermedia entre la rescisión del contrato y la demanda es pactar una reducción de los servicios. Pero esto se traduce, a su vez, en una merma de ingresos, en un peor servicio y en despidos, apunta Jardón.

Además, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad prepara ya las primeras acciones legales contra las empresas peores pagadoras de España, tras facultarle a ello la nueva Ley de Morosidad.

El presidente de la patronal de proveedores de la construcción (Cepco), Rafael Fernández, está observando que ahora “impera el nerviosismo” entre las constructoras contratistas del sector público, en pleno derrumbe del gasto productivo. “Por eso aumentan, claro, las demandas, para curarse en salud”, dice.

No habrá línea ICO
Además, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 han hecho sonar las alarmas, ya que en ellos el Gobierno ha eliminado la disposición de la Ley de Morosidad por la cual se creaba la línea del ICO (agencia financiera estatal) de 3.000 millones para sufragar las deudas de los entes locales con los proveedores, como adelantó EXPANSIÓN el 1 de octubre.

De esta forma, fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias aseguran que “la Ley de Morosidad no es acatable, ya que el primero que no la cumple es el Gobierno, como se ha visto en el caso del ICO”. Jaume Puig i Canal, gerente del Gremio de Áridos de Cataluña, agrega: “Los alcaldes nos transmiten que temen demandas colectivas de los proveedores”. De hecho, muchas compañías están esgrimiendo delante de los ediles las sentencias que obligan a los alcaldes a responder con su patrimonio a parte de las deudas.