Los casos de corrupción en España los deben juzgar los jueces, pero la implicación, cierta o no, de empresas constructoras en estos sumarios deja un sangrante reguero de daños colaterales. Empresas en concurso o liquidación (BEGAR, PROINOSA, y más que no recuerdo ahora mismo), trabajadores despedidos, proveedores impagados que a su vez no pueden pagar, y un largo etcétera de perdidas en el ya perjudicado tejido empresarial del sector.
"La mujer del César no solo debe ser honesta, sino además parecerlo". A ver que Administración contrata a una empresa presuntamente implicada en un caso de corrupción... Si al final del juicio alguna resulta ser culpable por la actuación de algunos directivos o empresarios pagan muchos inocentes, y si no es culpable el daño es irreparable, para el empresario y para los trabajadores.
La empresa de diseño y construcción de elementos de cristal y aluminio Espalu, perteneciente al grupo Proinosa y con sede en Gavà (Barcelona), ha entrado en concurso de acreedores y proceso de liquidación, lo que afectará a sus 47 trabajadores, según informaron a Ep fuentes cercanas a la compañía. Espalu ha acumulado una deuda de 8,18 millones de euros, pese a que llegó a facturar 19 millones de euros en 2007 y es la tercera empresa más grande del sector de construcción ligera en España, con proyectos como los interiores de la T1 del Aeropuerto de Barcelona.
Las deudas de clientes de Espalu suman la mitad del pasivo, con unos cuatro millones de impagos. De esta cifra, 1,6 millones proceden de facturas pendientes de pago por parte de la constructora matriz Proinosa (ahora Altiare y también en concurso) y de la promotora Espais, ambas implicadas en el caso Pretoria de corrupción urbanística. Todo ello ha dejado sin liquidez a Espalu, con lo que en los últimos meses ha perdido las nueve obras que estaba ejecutando, con ejemplos como obras en hospitales de Córdoba y Bilbao, la nueva sede de la Seguridad Social en Barcelona, el teatro de Lloret (Girona) y el gimnasio Duet Sports de Rubí (Barcelona). La empresa también ha tenido que renunciar a participar en los trabajos de la nueva sede de BBVA en Madrid, previstos para 2011, por falta de liquidez. Josep Singla, imputado por el caso Pretoria, sigue constando como presidente de Espalu.
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