miércoles, 14 de septiembre de 2011

El PP denuncia que el Gobierno paga 1.356 millones por una obra que vale sólo 383

Visto en cotizalia.Solo voy a hacer tres comentarios:

Con la que está cayendo, para que tanta prisa en gastarse 1.300 millones para una autovia de 66 Km.? Debe ser un nudo estratégico para la nacion entera.

Que me perdonen los afectados, pero gastarse ese dineral en comunicar Benavente con Zamora igual no es tan necesario, en este momento. Y si es tan necesario, los financieros de 383 millones (importe de la concesion) a 30 años,  que es el plazo de la concesión NO pueden ser casi 166.386.000.000 Ptas. Ciento sesenta y seis mil millones de pesetas


Una de dos. O Flagrante incompetencia o corrupción galopante. Elijan ustedes lo que mejor les parezca. Yo ya he elegido.

El pasado 19 de agosto el Consejo de Ministros autorizó la licitación del Centro de Concesión de Obras públicas de título Ejecución, Conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora. Unos días después, el 24 de agosto, el Boletín Oficial del Estado publicaba el anuncio de dicha licitación con un presupuesto base por un importe de 1.356 millones de euros. Hasta aquí, todo aparentemente normal.
Pero una vez examinados los pliegos de condiciones, cosa que hicieron tres senadores del Partido Popular, se podía comprobar una situación curiosa. El contrato comprende, según el escrito presentado por el PP ante el Tribunal de Cuentas, tres áreas de actuación: una primera de “Obras de primer establecimiento presupuestadas en 234,24 millones de euros, incluidas las expropiaciones, el PHE y el 18% de IVA”; una segunda área de “actuaciones de reposición y gran reposición por importe de 75,76 millones de euros”, incluido también el IVA; y una tercera de “conservación y explotación de las infraestructuras por importe de 64,86 millones de euros”, IVA incluido. 
El resultado total es de 383,87 millones de euros, según consta en el escrito que estos tres senadores del PP han elevado al Tribunal de Cuentas para que fiscalice la obra, y al que ha tenido acceso El Confidencial. ¿Por qué esta fiscalización? Pues porque entre esos 383 millones y los 1.356 de la licitación, existe una diferencia de 972 millones de euros, es decir, casi tres veces el presupuesto real de la obra, que comprende los gastos financieros de la misma.
“Resulta sorprendente que los gastos financieros casi tripliquen a los gastos de inversión, y es por tanto llamativo que el coste final para los ciudadanos suponga que se grave en casi 1.000 millones de euros una obra valorada en menos de 400 millones de euros”, dice el escrito presentado el 6 de septiembre, y por esa razón se pide al Tribunal de Cuentas “que fiscalice la referida licitación a los efectos de valorar su legalidad, incluidos los compromisos de limitación del déficit público recientemente acordados por el Parlamento” en referencia a la Reforma de la Constitución que la semana pasada culminó su trámite parlamentario en la Cámara Alta.




En mi pueblo, blanco y en brick, leche. Y esto, corrupción o flagrante estupidez.

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