El Supremo anula la exigencia de la tarjeta profesional para trabajar en la construcción

Eramos pocos y parió la abuela. Aparece en el faro de Vigo esta noticia, que personalmente me parece un atraso. A ver si nos explicamos. En el sector es especialmente importante, por las caracteristicas del mismo, que los trabajadores estén correctamente formados en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposibilidad de acceder al trabajo deberia motivar a los mismos a realizar esa formación, por otra parte necesaria, como los subcontratistas saben bien. Al menos desde mi experiencia en el sector los empresarios están más por la labor de la prevencion que en muchas ocasiones los propios trabajadores, y cualquier cosa que mejore esta situación me parece un acierto. 

No entro en que si jurídicamente la sentencia se atiene a derecho o no, pero creo que la formación en esa materia, como en otras más especificas del puesto, debia ser obligatoria.

Los empleados de la construcción ya no tendrán que obtener la la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) para trabajar en el sector, como establecía el convenio colectivo estatal de la profesión que la patronal, CCOO y UGT firmaron para 2007-2011 y que exigía la presentación a partir del 1 de enero de 2012 de este documento para poder emplearse en el sector.
Una sentencia del Tribunal Supremo acaba de dar la razón a la CIG y al sindicato vasco ELA-STV y de anular varios de los artículos del convenio, entre ellos, la regulación relativa a la TPC, una suerte de carné que acredita la formación de un empleado en la prevención de riesgos y que según la Fundación Laboral de la Construcción, ha sido solicitada por 320.000 trabajadores en toda España.
El fallo hecho público ayer anula la disposición transitoria cuarta del convenio en la que se establece la obligatoriedad de contar con la TPC y advierte de que el convenio "se ha excedido en su regulación" al limitar el derecho al trabajo por una "mera acreditación de la formación recibida" en materia de prevención de riesgos.
El Supremo advierte además de que la disposición anulada limita la obtención de la tarjeta profesional a "quienes han trabajado en la construcción", con lo que "una persona que hubiere obtenido en el sistema educativo una formación en materia de prevención no podría obtener la tarjeta si no hubiese sido previamente trabajador del sector".
Esta regulación supone, según el alto tribunal, una reserva de empleo más propia de "la sociedad estamental y de la estructura gremial" que de la sociedad moderna y remarca la "falta de competencia" de un convenio colectivo para introducir una regulación "que afecta a la creación de un título habilitante de la contratación". El Supremo también prohíbe que la TPC contenga información sobre los reconocimientos médicos de los trabajadores; a partir de ahora solo podrá informar de que se han pasado estas revisiones, pero no sus resultados.
La sentencia del Supremo también considera que CCOO, UGT y la Confederación Nacional de la Construcción infringieron el artículo 84.3 del Estatuto de los Trabajadores que regula la estructura de la negociación colectiva porque en el convenio firmado en 2007 reservaron para la negociación de ámbito estatal la regulación de medidas de prevención que mejoren los niveles de protección de riesgos.

¿Volver a empezar.?

No hace mucho, un amigo vinculado al sector me hacia una reflexión. ¿Y después, que?. ¿Que haremos cuando el sector se reactive?. Es cierto que van iniciándose algunas operaciones y que las entidades financieras se preparan para dar salida a sus inmuebles y lo que es más importante, a las grandes bolsas de suelo que poseen en sus activos, que si no es a través de su desarrollo las minusvalías les pesarán. Cuando llegue el momento, ¿Quien estará preparado para construir?.

No hablo de las medianas o grandes empresas constructoras, que han reducido una estructura que era fundamentalmente humana, pero que por lo general carecen de medios auxiliares, sino a aquellas empresas auxiliares necesarias para la ejecución de las obras y que sí tienen la maquinaria necesaria, que es necesario que conservar... ¿Cuanto dura en condiciones de servicio una hormigonera, o una planta de hormigón, sin mantenimiento, o con un mantenimiento que no es fácil de soportar con la cifra de negocio que tienen ahora las empresas?. ¿Hace cuanto tiempo que no veis por la calle o carretera una hormigonera en marcha?.

¿Quien tiene en stock los materiales, o mejor dicho, quien queda con capacidad  para financiarlo? ¿Quien queda con capacidad financiera para afrontar trabajos de cierta entidad? ¿Cuanto tiempo va a costar ejecutar esos trabajos?. ¿En cuantas industrias paralizadas o en concurso, sin dinero para seguridad, se han saqueado las instalaciones y no habrá forma de ponerlas en marcha?. ¿Queda tejido industrial suficiente?. Indudablemente cuando el sector se reactive las empresas también lo harán, pero no a la misma velocidad. Las que queden, si queda alguna, pero más de uno cuando llegue el momento le faltarán medios materiales o financieros para volver a empezar.

LICITACIONES

Excelentísima Diputación Provincial de Valencia

Licitación pública para la contratación de la ejecución de la obra e instalación de césped artificial en campo de fútbol 11 en el municipio de Alboraya, incluido en el Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas de Césped Artificial de la Diputación Provincial de Valencia. Nº expediente 10OB0514. Ver texto

Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 

Licitación pública para la contratación de la ejecución de la obra e de instalación de césped artificial en campo de fútbol 11 en el municipio de Chiva, incluido en el Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas de Césped Artificial de la Diputación Provincial de Valencia. Nº expediente 10OB0516.Ver texto

Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 
Licitación pública para la contratación de la ejecución de la obra e instalación de césped artificial en campo de fútbol 11 - fútbol 7 en el municipio de Manises, incluido en el Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas de Césped Artificial de la Diputación Provincial de Valencia. Nº expediente 10OB0517. Ver texto

El mercado más opaco de España

En las provincias nacen referencia a un hecho incuestionable, que a mi modo de ver no ayuda en nada al sector. El baile de estadísticas que reina en nuestro país. En esta época de infotoxicación, hay una sobreabundancia de datos que finalmente no llevan a ningún sitio ya que no hay forma de saber si esa información es exacta o no. Cuando nadie coincide  con los datos. deben ser todos falsos.  ¿Como tomar decisiones si no tenemos la información necesaria?. La falta de información induce al temor, y el dinero es el elemento más asustadizo del mundo. ¿Por que no podemos conocer la situación tal cual está, aunque sea peor de lo que imaginamos? Se harían los ajustes pertinentes pero por lo menos sabríamos donde estamos.

Y si un servidor os dice que a 31 de Diciembre de 2.009 el stock oscilaba entre 1.459.463 y 1.329.609 viviendas? En unos días os daré más datos....

El país en el que el registro de parados no permite calcular la situación real del mercado laboral y para ello se recurre a un encuesta (la de población activa), tiene un grave problema para diagnosticar su mercado inmobiliario. La multitud de estadísticas sobre variación del precio de la vivienda, número de viviendas vendidas y stock existente han creado una desinformación por saturación que hace imposible realizar una radiografía nítida del sector.

Este «puzzle» de precios de la viviendas en España ha sido duramente criticado por 'The Wall Street Journal' donde se asegura: «La confusión sobre precios de la vivienda en España ha mantenido a algunos inversores a salir del mercado». El prestigioso rotativo económico afirma que esta situación «está causando confusión y asustando a algunos inversores» que, años atrás, veían en las costas valencianas uno de los destinos más seguros para sus inversiones.

Ahora no lo tienen claro y las declaraciones del Gobierno español no ayudan a los inversores. 'The Wall Street Journal' recuerda que José Luis Rodríguez Zapatero dijo en una entrevista al canal de noticias CNBC en septiembre que los precios «habían tocado fondo y se dirigían hacia arriba». La por entonces ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguraba que el descenso de los precios ya se había terminado pero los datos no sustentan estas afirmaciones.

De hecho José Blanco, ministro de Fomento y actual máximo responsable de la política de vivienda, ha cambiado completamente el discurso. Ahora, insta a a los promotores a «ofrecer precios más competitivos en aquella tipología de vivienda y suelo en que el exceso de oferta es más evidente», ya que, según Blanco, es «un error retrasar decisiones de venta pensando que la situación del mercado inmobiliario es un mero bache en el camino». En resumen, Blanco dice justo lo contrario que dijo Zapatero mientras que sus propias estadísticas sobre vivienda se contradicen ya de por sí.

Los datos oficiales son desalentadores. El Estado tiene dos indicadores que, en teoría, deberían ser fiables y de referencia: El Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Vivienda. Analizando el periodo de la crisis (de segundo trimestre de 2007 a mismo periodo de 2010), según el INE, la vivienda se ha depreciado en la Comunitat Valenciana un 2,8% mientras que el Ministerio de Vivienda asegura que ha sido un 11%.

Para el conjunto de España, el INE sitúa la caída del precio de los pisos en el 7,7% mientras que el Ministerio, en el 9,3%. La disparidad entre los datos de venta de viviendas procedentes del Ministerio y los que publica el INE también son notables.

A estos datos oficiales hay que sumarles el boom estadístico que ha supuesto el auge en internet de los portales inmobiliarios, que emiten periódicamente sus estudios. Miguel Ángel Alemany, director general de Pisos.com, explica esta disparidad de datos. «Las diferentes bases con las que se hacen las estadísticas justifican que los datos sean diferentes. Tinsa y el Ministerio se basan en tasaciones, el INE trabaja con registro y los portales basamos los datos en las ofertas. Es diferente el precio con el que un propietario quiere vender un piso, su valor de tasación y al que finalmente lo vende», explica Alemany que recuerda que todas estas estadísticas, además, «no reflejan los históricos pagos parciales en 'b'».

Tasadoras pesimistas

La notable opacidad del mercado adquiere su mayor expresión cuando se habla del stock de viviendas. Según los datos del Ministerio, en España había un excendente de viviendas el 31 de diciembre de 2009 de 688.044 unidades. Sin embargo, según el servicio de estudios de Catalunya Caixa esta cifra se debe aumentar, como mínimo, hasta las 900.000. Por contra, Asprima (promotores a nivel nacional), optan por decir que a final del año pasado el stock era, exactamente, de 757.148, idéntico número de excendente de viviendas que aseguran que tendrá España al final de este año.

Desde la asociación de promotores de Valencia, por contra, se descarta «jugar a decir una cifra» mientras se tilda de «lamentable» este desorden de cifras. Esta disparidad, aseguran, perjudica a la venta de viviendas a inversores extranjeros. «El mercado no es transparente», aseguran mientras recuerdan que en otros sectores, como el en el del consumo, operadores como Nielsen ofrecen valiosos y rigurosos datos. «Los supermercados, por poner un ejemplo, saben gracias al código de barras cuántas coca-colas se venden, a qué hora y dónde», aseguran fuentes de la asociación que lamentan que el traslado de esta exactitud al mercado inmobiliario es inviable.

Sin embargo, matizan que pese al daño que sufre el sector por la disparidad de las estadísticas, dentro del mercado local esta confusión no es relevante. «La mejor estadística es la que cada comprador hace cuando va a comprar una vivienda. No tiene que conocer ninguna estadística ya que cada comprador sabe qué se vende donde quiere comprar y a qué precio esta cada piso lo que le permite decidir sin problema si quiere o no adquirir la vivienda que ha visitado».

Los procesos de ejecución hipotecaria, más de 118.000, marcarán récord en 2010

Más buenas noticias para acabar el puente. Vemos en Cotizalia otra estadística de estas que solo esperas que pronto pasen a la historia. Y si bien este suelto es un tanto "publicitario" ya que a su autor es representante de una empresa dedicada a la refinanciación, la ejecución de una garantía hipotecaria solo resuelve la deuda del hipotecado hasta la cantidad que alcance el bien en la subasta, teniendo el compromiso de seguir pagando hasta la cancelación de la deuda. En resumidas cuentas, la diferencia entre la deuda y la cantidad alcanzada en la subasta la sigue debiendo el deudor. Así que mucho me temo que acabaremos el año con 118.000 personas que ven esfumarse su casa y que de propina se quedan con deudas. Ahora bien, eso no lo padecen los promotores que entregan viviendas en dación por pago de deuda . A pagarlo pocarropa, que decía mi madre. Ah!,  y cuidado en la carretera quienes tengan que viajar.
El año 2010 pasará a la historia como el año en el que se ha producido un número récord de procesos judiciales para ejecución de inmuebles con garantía hipotecaria, más de 118.000, según datos de la compañía de refinanciación de deudas, Agencia Negociadora de Productos Bancarios. El director general de la Agencia, Luis Javaloyes, se refirió, en declaraciones a EFE, al bloqueo financiero que han sufrido miles de familias por el deterioro de la situación económica y dijo que un 30% de los casos podría haberse evitado mediante fórmulas de refinanciación.
"Las posibilidades de conservar la vivienda o alcanzar un acuerdo extrajudicial con la entidad prestataria crecen exponencialmente con la orientación adecuada" dijo Javaloyes y agregó que las entidades financieras, "preocupadas antes que nada en no deteriorar a corto plazo sus balances no están, en la mayoría de las ocasiones, en disposición de proporcionar" esa orientación. En este sentido afirmó que el sector de la intermediación financiera ha evitado miles de ejecuciones hipotecarias en España.
Señaló que bancos y cajas terminaron por comprender que, en un entorno de morosidad creciente en el que las ejecuciones obligan a incorporar a sus balances decenas de inmuebles cada semana, "una refinanciación es siempre mejor y más rentable tanto para el cliente como para el banco". "Por eso, las entidades financieras se muestran mucho más receptivas a la formalización de operaciones de consolidación de deudas", agregó. Para Javaloyes es "muy positivo" el interés mostrado por los grupos políticos en instrumentar fórmulas que, sin coste para el erario público, están planteando el Gobierno y los partidos.
Entre estas fórmulas citó la extinción de la responsabilidad hipotecaria por la "dación en pago", la posibilidad de subsidiación temporal de tipos de interés, o la promoción de los seguros de protección de pagos. Javaloyes recordó en ese contexto que desde hace tres años este tipo de medidas se viene promoviendo y reclamando a través de la creación de la figura del mediador financiero".
Este mediador pasaría, según Javaloyes, por el reconocimiento de la existencia de una labor de asesoramiento a través de una acreditación administrativa que habilite a las empresas de intermediación que reúnan una serie de requisitos operativos y de solvencia "para poder extender el empleo de fórmulas que evitar que una mala situación financiera familiar se convierta en crítica". Según datos del Observatorio de la Financiación Familiar de la Agencia Negociadora, dos de cada tres familias dedican a pagos financieros más del 40 por ciento de sus ingresos y una de cada cinco a tenido que retrasar el pago de su hipoteca al menos una vez en los últimos seis meses.

Cinco empresas forman una UTE para construir y explotar el último tramo del tranvía

Hay un municipio en Valencia que no sufre restricciones como el resto. Gandia. 
En un periódico local veo que preparan una línea de Tranvía de al menos 66 millones de euros para unir Gandia con la Playa. Para no perder la perspectiva recordar que son 11.000.000.000 pesetas. Once mil millones. ¿Crisis?¿What Crisis?. Con un par. Y por si fuera poco, un palacio de congresos de Renzo Piano, un paseo por el puerto, un aparcamiento y un hotel en el puerto de Gandia. Alguien da más? 
Y pagar todo esto?.

La Unión Temporal de Empresas formada por las compañías valencianas Torrescámara (de Oliva), Clásica Urbana (Grupo Súñer), Cívica (Enrique Ortiz) el operador alemán con fábrica en Albuixech Voss-loh y La Marina Gandiense es la única oferta que opta a la construcción y explotación del tranvía en su tramo entre el Grau y el final de la playa, según informa hoy Levante-EMV.
El pasado martes se cerró el plazo de presentación de ofertas para este segundo tramo, que está valorado en 50 millones de euros.
Está pendiente la adjudicación del primer tramo entre Renfe y el centro social Marcel·lí Pérez, 16 millones de euros que dependen de la Generalitat a través del Plan Confianza.
Sobre el tranvía se han pronunciado hoy el alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, y el concejal de Territorio, Fernando Mut, preguntados en rueda de prensa. Fernando Mut ha mostrado su satisfacción porque “hay una serie de empresas que creen en dar un paso adelante, para unir turismo y comercio, y crear un transporte público entre Gandia y la playa”.
Orengo, por su parte, fue preguntado por la reciente visita a Gandia del conseller de Infraestructuras, Mario Flores, para dar una conferencia, en la que volvió a dudar de la viabilidad del tranví. El alcalde calificó a Flores de “kamikaze del PP”.
En opinión del alcalde, “el conseller cuando viene a Gandia no lo hace como conseller de todos los valencianos, sino que viene como kamikaze del Grupo del PP para bombardear el tranvía”.
Orengo pide “lealtad institucional” porque “no es admisible que el conseller sea portavoz de Arturo Torró”. El secretario general del PP de Gandia, Guillermo Barber, ha contestado a Orengo que aquí "el único kamikaze es Orengo que entierra 16 millones de euros en un tranvía que nadie quiere".

La ¿imprevista? adjudicación a otra firma de 238 pisos ¿precipitó? el Ere de Ortiz

En Las provincias aparece esta noticia. Me chocan dos cosas: ¿Una obra de 238 viviendas afecta a una empresa como Civica hasta el punto de precipitar un ERE de 55 empleados? Seguro que el equipo necesario para ejecutar la obra, incluso administración, servicios centrales, etc. no es ni de lejos esa cantidad. ¿Una excusa oportuna?. Porque una UTE en la que participa Civica va a ser con seguridad adjudicataria, por ser la única que se ha presentado al concurso, de la explotación de una linea de tranvía en Gandia. Una obra de 16 (1º tramo) + 50 (2º tramo) millones de euros. Un Tranvía en Gandia. Sin comentarios.

Y respecto a esas otras adjudicaciones del Gobierno Central que dicen no consiguen, ¿quizás el signo político? igual es por alguna aparición en los Juzgados de D. Enrique?. ¿Que Administración te contrata cuando tienes la sobra de la corrupción encima? ¿O es que las adjudicaciones nos hemos acostumbrado a que sean a dedo, y que me tienen que dar algo porque sí?. ¿O es así?. Lo siento por los afectados por el ERE. Suerte.

El expediente de regulación de empleo que presentó el martes pasado en la delegación de Trabajo el grupo Ortiz y que afecta a 55 empleados de la constructora Ortiz e Hijos, una de las empresas de más peso dentro de la empresa matriz, se precipitó tras la imprevista adjudicación a otra firma de una obra de 238 pisos nuevos que ya había presupuestado la compañía propiedad de Enrique Ortiz.

Así lo han manifestado varios técnicos de la compañía en las reuniones previas que ha celebrado el comité de empresa con los sindicatos UGT (el mayoritario en Cívica) y CC OO. Aunque esta compañía había presupuestado y planificado esta importante obra, en un municipio de Alicante, finalmente la adjudicación del promotor ha ido a parar a una constructora con sede social en Murcia. Esta situación ha acabado por desbarajustar los cálculos que había hecho la compañía de ingresos para este complicadísimo ejercicio económico.

Este diario ya se hizo eco el pasado mes de junio del malestar que cundía en el grupo Ortiz por lo que consideraba una discriminación en la adjudicación y licitación de obras de la segunda fase del Plan E del Gobierno central. De hecho, de las 190 obras desarrolladas en la provincia durante este año dentro de este plan, ninguna ha sido adjudicada a Ortiz, pese a optar a más de una decena de proyectos. La empresa eludió ayer y anteayer comentar el Ere.