Sube el periodo de pago a proveedores de la construcción y se sitúa en 285 días

En menudo país vivimos, que las leyes hasta el Gobierno se las salta. Lo que nos cuentan desde CEPCO no es más que la realidad del sector. Hay incluso obras en las que para contratar hay que firmar el contrato, con plazos de pago de 65 días, tal y como marca la ley, y que luego el proveedor debe entregar un documento pidiendo por favor que le pagen a 180 días. Y os lo cuento de primera mano. Vete tu tuelo a negociar un pagaré a 180 días de una empresa constructora.Menuda forma de empezar la semana.

Cuando se cumple un año y medio desde la aprobación de la Ley de Morosidad, los plazos de pago a proveedores siguen incrementándose. De hecho, según datos del Banco de España, en 2010 el periodo medio de pago a proveedores en el sector de la construcción se sitúo en 285 días, mientras que en 2009 esta cifra se situaba en 257 días y en 2008 en 227.
Esta situación sigue provocando grandes perjuicios a las empresas del sector de los materiales de construcción que se ven asfixiadas por una situación económica que no hace sino destruir tejido empresarial. Tanto es así, que el paro en el sector volvió a subir en el mes de noviembre por quinto mes consecutivo y se sitúa en 84.617 desempleados, una cifra que supone el 16,9% del total de la industria española.
Por otro lado, según el Ministerio de Economía y Hacienda, por actividad económica, en los tres primeros trimestres de 2011, el sector servicios fue el que registró un mayor número de deudores declarados legalmente en concurso de acreedores, seguido de la construcción y en último lugar, la industria.

Para el presidente de CEPCO, Rafael Fernández, “nos encontramos impotentes ante una situación inadmisible, en la que se está estrangulando aún más a una industria ya de por sí muy deteriorada por la crisis económica. En su día, celebramos con optimismo la aprobación de la Ley de Morosidad, pero las cifras demuestran que, hasta el momento, no ha habido ningún tipo de mejora, sino todo lo contrario ya que en 2010 el periodo de pago medio a proveedores de nuestro sector se situó en 50 días por encima del periodo de pago de 2008. A esto se añade que el sector financiero no sólo no concede nuevas líneas de crédito sino que, sobre todo, está recortando a empresas solventes sus actuales pólizas de crédito”.

Industrias BAN entra en concurso

Esta noticia de expansión creo es indicativo de la situación. Una empresa dedicada a la señalización vial, que presenta concurso por impagos de la administración me sinceramente una desverguenza total, mientras que los candidatos a las proximas elecciones no paran de presumir sobre cuantos puestos de trabajo van a crear, y de despilfarrar dinero de las arcas publicas a espuertas (una muestra de la que todos los dias aparecen en prensa, vista en el confidencial, La Cámara de Cuentas de Madrid gasta 471.000 euros en alquilar 8 coches oficiales para sus 7 consejeros y la secretaria general) pasandose la ley de morosidad por el arco del triunfo, enviamos a empresas más que consolidadas (Industrias Ban inicia su actividad en el año 1.958) y a sus trabajadores a la ruina, desperdiciando un tejido empresarial que veremos cuando vamos a recuperar. Lo que no entiendo es como en este pais no obligamos a los politicos a cambiar. Cuanta razón tenia Unamuno cuando dijo "Me duele España"

Industrias Ban recurre al juzgado mercantil ante los impagos y la morosidad de su principal cliente, las administraciones públicas.

Los problemas de los proveedores de las administraciones públicas y de obra civil siguen llevando a muchas empresas a los juzgados mercantiles. Uno de los últimos concursos de acreedores aprobados por el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Valencia es el del fabricante de señales de tráfico para carreteras Industrias Ban, una firma valenciana que opera desde 1958 y que está participada a través de Suver Inversiones por el presidente y fundador de Corporación Dermoestética, José María Suescun.
Según fuentes del sector, la solicitud del concurso se debe a los problemas de morosidad e impagos del principal cliente de la compañía, las administraciones públicas. Además, su otra principal fuente de negocio, las constructoras, tampoco se encuentran en su mejor momento, lo que ha obligado a la firma a intentar renegociar con sus acreedores.
Industrias Ban cuenta con una factoría en Massalfassar (Valencia), además de una delegación en la propia capital y otra en Málaga con la que trabaja para la zona de Andalucía. Según su último informe en el Registro Mercantil, del ejercicio 2008, su plantilla se situaba en 66 trabajadores y ese año cerró con unas ventas de 8,26 millones de euros, un 18% menos que el año anterior, con pérdidas de dos millones de euros.
Al cierre de ese ejercicio su pasivo superaba los 12 millones de euros. Industrias Ban también cuenta con dos filiales, Plásticos Aéreos y Placa Sprint.

Los impagos del sector público arruinan a 1,8 millones de autónomos

Vemos en la razon este articulo que da escalofrios. Lo reproduzco cási íntegro pese a hacer referencia no solo a la construcción, pero para crear empleo al menos los empresarios tienen que cobrar, y los políticos arbitrar medidas para ello, y predicar con el ejemplo. feliz jueves a todos....

Pese a los propósitos de la UE, que pretende que el plazo para el cobro se reduzca a 30 días de aquí a 2013, y pese a la nueva normativa española sobre morosidad, el porcentaje de pérdidas por impago de las compañías españolas continúa por la senda alcista. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), 200.000 microempresas han caído desde el inicio de la crisis por la mora de las entidades públicas. Además, la ATA alerta de que si no se toman medidas, 100.000 más podrían quebrar en este 2011.

El presidente de la asociación, Lorenzo Amor, asegura que «el esfuerzo de las pymes por cumplir con el pago de las facturas no va de la mano del de las comunidades autónomas o las corporaciones locales, que ofrecen un mal ejemplo y provocan que la morosidad, junto a la falta de liquidez, lleve a la quiebra a miles de empresarios». 

Según Amor, el sector público debe a las empresas un total de 36.000 millones de euros. De ellos, adeuda 12.000 a pymes y a autónomos. Asimismo, desvela que un 63% de los autónomos (el número total de trabajadores en este régimen es de 3 millones) se ve afectado por la morosidad de las administraciones públicas, por lo que 1.800.000 trabajadores sufre problemas de tesorería por los impagos de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Además, ATA revela que uno de cada cuatro autónomos que trabaja con la Administración Pública tarda más de 365 días en cobrar, lo que repercute sobre un 24,2% de los autónomos. Y al problema de la morosidad se suma que «deben pagar un 18% de IVA». La asociación lamenta así que «si se cumpliera la Ley de Morosidad del mismo modo que quieren llevar a rajatabla la Ley Antitabaco, cerrarían menos empresas». Y es que el pago medio se sitúa en los 158 días, cuando la media, según establece la legislación, es de 50.

Demora en los pagos
Crece el tiempo medio de pago de las facturas en España y crece también fuera de nuestras fronteras. La media europea de pérdidas por impagos se incrementó un 2,6% en 2010, cuando en 2007 era sólo de un 1,9%. Así lo revela el Índice de Riesgo 2010 que ha recogido en un informe la compañía sueca Intrum Justitia Ibérica. Según su director general en España, Luis Salvaterra, «desde que comenzó a hablarse de crisis, el porcentaje no ha dejado de crecer».

El informe subraya además que, en promedio, las facturas en Europa se abonan después de 55 días, es decir, casi cuatro semanas después de que venza el plazo estipulado. (Cuantos firmariamos por que en España fuera ese el plazo...)  Pero, aun así, ratifica que en nuestro país los plazos de pago «son peores que los de la media europea». Por ejemplo, en el sector de la sanidad la media alcanza los 251 días. A esta denuncia se une la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que apunta que España se sitúa a la cola de Europa y calcula que su tiempo medio de pago es de 103 días, y sólo se ve superado por el de Grecia (125 días).  

Sectores más perjudicados

Según el ránking de Intrum Justitia, las pérdidas del sector de la sanidad en Europa se incrementaron de un 1,8% a un 2,7% el pasado año, superando la media del resto de los sectores de la economía. En España, sólo la morosidad de los hospitales con los proveedores registró una deuda que asciende a los 3.870 millones de euros, con una media de pago de 347 días. Salvaterra deduce así que el «sector sanidad» se caracteriza por «no contar con prácticas de gestión de crédito eficientes». Además, asegura que el 48% de las facturas son abonadas en más de 30 días.

Asimismo, las previsiones son pesimistas: en el sector se prevé que el riesgo de pago se incremente en los próximos doce meses, a pesar de que, según Salvaterra, los laboratorios farmacéuticos, en algunas comunidades, ya tardan en cobrar sus facturas hasta 709 días.
Asimismo, el estudio apunta al sector inmobiliario y  al de la vivienda, así como al de servicios financieros, como los más castigados en 2010. Sufrieron pérdidas de un 4%. En el lado contrario se situó el sector «utilities», donde las pérdidas ocasionadas por la demora en los pagos se cifraron en sólo un 1,5%.

En el caso de la construcción, el número de días que tarda en pagar la Administración Pública en nuestro país es el cuádruple que en Europa. Supuso un porcentaje de pérdidas de un 3,4% en 2010, según en el mismo ránking de Intrum Justitia. Aun así, para la compañía, la evolución del pasado ejercicio mejoró la línea de actuación de los dos años previos. En cualquier caso, salpicó al sector inmobiliario y al de la vivienda, hasta situarlos a la cabeza del ránking, cuando en 2009, con un 2,2% registró una de las últimas posiciones.

Las empresas del sector han dado mandato a los servicios jurídicos de la patronal CNC para llevar a los tribunales las licitaciones que incumplan la nueva ley de morosidad.

En SEOPAN nos dan una de cal y otra de arena. La solución no es retrasar los pagos sino mejorar sus cobros.  Si no, seguiremos igual que siempre, con palzos de pago larguisimos que además de asfixiar a los proveedores aumentan los riesgos vivos de las empresas a cantidades de vertigo. Volveremos a los casos de terminar trabajos por valor de cientos de miles de euros sin tener vencidas las obligaciones de pago.

Las constructoras, en contra de su voluntad, se han plegada a las obligaciones de pago que impone la nueva ley contra la morosidad en operaciones comerciales, aprobada por el Gobierno en julio del año pasado.
Sólo seis meses después de su entrada en vigor, la polémica reforma, que fuerza a las compañías del sector a pagar a sus proveedores y subcontratistas a 60 días de manera escalonada hasta 2013, ha desatado un frente judicial que pone de manifiesto la fragilidad de la norma, su difícil cumplimiento y las consecuencias que su aplicación está teniendo sobre el mercado de obra pública.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el incumplimiento de la ley, que, según las constructoras, se está convirtiendo en norma entre los organismos licitadores de obra pública, obligados, tras la reforma, a pagar a sus contratistas a 30 días de manera escalonada hasta 2013. “Hemos detectado pliegos de condiciones de obras en donde se imponen plazos de pago de hasta diez años cuando, en 2011, sólo estaría permitido a 50 días”, aseguran las empresas.
Cartera de producción
Por unanimidad, el sector ha dado mandato a los servicios jurídicos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la gran patronal sectorial, para denunciar todos los casos en los que la Administración intente vulnerar la ley. “Desde diciembre, ya hemos recurrido nueve licitaciones y va a más”, aseguran desde la organización empresarial.
El abanico de denuncias es variado. Afecta a concursos públicos licitados por Comunidades Autónomas (Asturias y Cantabria), sociedades públicas mercantiles (la catalana Gisa) y la propia Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente y Patrimonio del Estado). “Hemos detectado nuevos casos en Murcia, que también serán recurridos”.
Los nueve proyectos recurridos hasta ahora suman una cartera de obra próxima a 500 millones de euros. “A simple vista, parece irónico que las constructoras, con serios problemas para generar ingresos en España, denuncien a quien les da de comer, pero con estas acciones se pone de relieve la fragilidad de la norma cuando falla alguno de los eslabones de la cadena comercial”.
Entre los concursos recurridos destaca la construcción de la nueva planta depuradora de Vigo, el proyecto estrella del Ministerio de Medio Ambiente, con un presupuesto superior a 200 millones de euros”. En el caso de que las denuncias no surtan efecto y no se corrijan los pliegos de condiciones en primera instancia, CNC llevará las adjudicaciones ante el Tribunal Supremo por la vía de lo contencioso-administrativo.
Los problemas históricos asociados a la morosidad en el sector de obra pública se han acentuado en los dos últimos años por el impacto de las crisis financieras en los balances de las compañías, en su mayoría, fuertemente endeudadas; y, a su vez, a la dificultad de las Administraciones Públicas para seguir licitando obra debido a las mayores restricciones presupuestarias. “Las tensiones de tesorería de algunas constructoras les fuerzan a retrasar el pago a sus proveedores, la parte más débil de la cadena de producción.

A su vez, los Organismos inversores se las ingenian con fórmulas que bordean la legalidad para seguir licitando. La reforma de la ley ha acentuado estas tensiones”, manifiestan los expertos consultados.
Esa tensión fue la que desató, a finales del año pasado, un enfrentamiento público entre las empresas suministradoras y las compañías constructoras. El pasado 4 de noviembre, Cepco, la patronal que defiende los intereses de los proveedores, emitió un duro comunicado en el que denunciaba, entre otras cosas, que Ferrovial y Befesa, filial de Abengoa, incumplían la ley.
Según un informe de Deloitte, la Administración General del Estado paga a 140 días, las Comunidades Autónomas, a 155 días y los Ayuntamientos, a 238 días.
Para corregir la situación, las grandes constructoras intentan corregir los desequilibrios de la ley con la introducción de una enmienda en la Ley de Economía Sostenible en el Congreso de los Diputados.

Escalonado
- Con carácter general, la reforma de la ley fuerza a las empresas a pagar a sus proveedores a 60 días. En el caso de las Administraciones públicas, ese plazo se reduce a 30 días.
- Por las características del mercado de obra pública, la normativa recoge algunas excepciones. En el caso de los organismos públicos, en 2011, podrán pagar a 50 días.
- Por la misma razón, las constructoras, en aquellos contratos en vigor desde la entrada en funcionamiento de la ley, podrán pagar a sus proveedores a 120 días en 2011 (90 días en 2012).
- A los cien días de entrada en vigor de la reforma, la patronal Cepco, que defiende los intereses de las empresas suministradoras, denunció a Ferrovial y Befesa (Abengoa) de incumplir la ley con sus proveedores.
- Las constructoras confían en corregir la situación en una enmienda a la ley de Economía Sostenible.

Las grandes constructoras presionan para inutilizar la Ley de Morosidad

Las grandes constructoras, agrupadas en la patronal SEOPAN, vienen criticando con dureza la nueva  ley de lucha contra la morosidad comercial, que prohíbe a las empresas pactar plazos de pago  mayores que los legales. Podeis leer el articulo completo de Expansión en este enlace, pero tiene perlas como las que os resumo aqui:

"La organización ha confeccionado una enmienda que demanda que las compañías puedan acordar la demora del abono de sus  facturas. Eso sí, siempre que dicho pago se adelantase a través de un tipo de descuento financiero de las facturas llamado confirming o bien “mediante cualquier otra fórmula de financiación”. Vamos, el pagaré de toda la vida. Ese que si se devuelve es facilisimo recuperar el impago, y que todos corren a pagar

"Exigen introducir dicha  modificación en la Ley de Economía Sostenible, ya que la nueva ley es implacable  contra el pacto entre las partes," que hasta julio de 2010 perjudicaba a los proveedores y subcontratistas, al encontrarse en inferioridad de condiciones a la hora de negociar.

Seopan, representa los intereses de empresas como ACS, Ferrovial, FCC, OHL Acciona y Sacyr, entre otros. Esas empresas han chocado con la imposibilidad de incumplir los plazos sin enfrentarse a consecuencias legales. Seopan quiere que la enmienda modifique el apartado 5 del  artículo 211 de la  ey de Contratos del Sector Público. La modificación se sintetiza así: 

“El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los  establecidos en el presente artículo o en otras leyes de carácter general, siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley3/2004, de 29 de diciembre”.

Ello con la  condición de que “el pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve  aparejada la acción cambiaria”, cuyos gastos de descuento o negociación corran en su integridad de cuenta del contratista (para obviar esto basta con poner el los contratos que todos los gastos, incluso financieros, están incluidos) y que suponga que el acreedor perciba el anticipo del importe de la factura en los 60 días siguientes a la entrega de la mercancía o la prestación del servicio (lo negocias quieras o no). Además, el subcontratista “podrá exigir que el pago se garantice mediante aval”.A ver quien es el guapo que le pide un aval a primer requerimiento a FCC y le contratan.

 ¿Qué justifican los grandes constructores? La enmienda apunta: “Dada la actual situaciónde la deuda en mora de numerosas administraciones públicas y, en particular, de los ayuntamientos, resulta prudente permitir que los contratistas de obras y servicios que soportan la morosidad de las administraciones públicas, hasta que éstas se pongan al corriente de pago, puedan financiar sus gastos más allá de los plazos que establece la Ley3/ 2004”. Asi cualquiera consigue una tesoreria envidiable. Pago despues de Cobrar es justo lo anterior a Pago si cobro, y si no cobro no pago. Las empresas quieren volver a financiarse a costa de los proveedores, pactando pagar  tarde. Lo que tienen que resolver es que la Administración cumpla la ley, que ella misma impulsó, no que esta se vulnere en prejuicio del más debil, el subcontratista.

El sector de los materiales acusa a Ferrovial y Befesa de morosos

Siempre suelo poner en negrita lo que me parece más interesante en los post. En este caso casi deberia ponerlo todo. Y lamentáblemente no son las únicas que realizan prácticas de este tipo, que hay un grán número de empresas que lo realizan. Pagos a 90 días pero no de entrada de la factura sino de su conformidad, retrasos en el pago por falta de contrato o de documentación que no impiden realizar los trabajos, y un largo etcétera son el pan de cada dia de las subcontratistas del setor, muchas de las cuales cierran por retrasos de este tipo.

 Ferrovial y la empresa de servicios Befesa, así como el Ayuntamiento de Madrid y las Comunidades Autónomas de Andalucía y Valencia comparten los primeros puestos en la lista de los mayores incumplidores de la Ley contra la Morosidad. Así lo ha denunciado Cepco, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, un sector económico que agrupa a 5.000 empresas y que tienen un peso en el PIB español de entre el 3% al 4%.

Además, ha criticado las "argucias" por parte de Ferrovial y otras empresas que, junto con la banca, imponen a sus asociados que descuenten de sus facturas -que deben cobrar a los 85 días- los intereses financieros que se generan al pactar la constructora con la entidad financiera sus propios pagos a 210 días, incumpliendo no sólo la ley de Morosidad sino también la norma que prohíbe la alteración de los precios.

Por el contrario, la asociación "aplaude el acatamiento de la ley que hoy cumple 100 días por parte del Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Barcelona, así como de las empresas Dragados y Ditrasa", según ha afirmado el presidente de Cepco, Rafael Fernández.

Cepco proyecta personarse en las juntas de accionistas de las grandes empresas para exigir el cumplimiento de la esta ley -que no cuenta con régimen sancionador- para que las auditorias lo recojan. Por otra parte, dará sus 21 votos en la junta de CEOE al presidente que secunde su demanda de que se haga cumplir esta ley. "La morosidad amenaza el tejido empresarial y ya ha llevado al cierre de empresas y reducción de empleo en este sector desde los 390.000 que había a primeros de 2008 hasta los 260.000 actuales", ha revelado Luis Rodulfo, director general de Cepco.

Otras prácticas abusivas que denuncian desde la asociación son la imposición de un retraso de 120 días, que es el que se aplica al subcontratista o contratista que trabaja para la Administración Pública, pero no a los proveedores, que son los asociados a Cepco. Además, también han revelado el intento de que se firmen facturas con fecha anterior a 7 de julio, cuando entró en vigor la norma, la exigencia de retenciones por posibles defectos de materiales, que han pasado del 5% al 12% y que se están aplicando a pesar de que, al igual que en la dilación de pagos, en teoría solo se puede exigir a los contratistas.

El sector de los fabricantes de productos de construcción llegó a suponer el 9% de PIB español, factura entre 25.000 y 30.000 millones de euros anuales y su deuda viva se eleva a 15.000 millones de euros, a los que hay que sumar más 600 millones de intereses; el 40% corresponde a la Administración Pública y el 60%, al sector privado.

Las afiliadas a Cepco, a pesar de que la ley marca que deberían cobrar a los 85 días, están cobrando a 180-210 días. Además, según han añadido, fuentes del Ayuntamiento de Madrid han hablado de retrasar los pagos de seis a 11 meses.

VAMOS BIEN: EL GOBIERNO INCUMPLE SU PROPIA LEY DE MOROSIDAD

Visto en EXPANSION

El sector público sigue aferrándose a su título tácito de campeón de la dilación en el pago de facturas, pese a que el Gobierno dio su visto bueno a la modificación de la norma y el PSOE votó –a regañadientes, eso sí– a favor del texto.
Sólo han pasado 65 días desde que la ley se publicara en el Boletín Oficial del Estado, el 6 de julio, pero el sector público ya ha comunicado a empresas de servicios que no satisfará sus deudas en el plazo máximo de 55 días que marca la ley para 2010 (a partir de 2013, 30 días), según han denunciado las compañías que contratan con la Administración a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), según ha podido saber EXPANSIÓN.
Con la nueva ley, las organizaciones empresariales pueden actuar judicialmente contra los morosos en nombre de las empresas, que de esta forma conservan algo más el anonimato y evitan enfrentarse directamente al poder público.
Además, el Ejecutivo incumple otro punto vital de la norma, la disposición adicional cuarta, que reza: “El Gobierno, en el plazo de 30 días, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), instrumentará una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010”.
Ante todo esto, la Plataforma, impulsora de la ley, denuncia “la inoperancia y falta de voluntad del Gobierno en cumplir la ley”. Lo cierto es que la línea del ICO incomodó al Ministerio de Hacienda, por sus posibles implicaciones en el déficit público, que es actualmente la máxima prioridad. De hecho, el PSOE votó en contra.
Los contratistas que sufren la morosidad pública pueden reclamar por escrito a la Administración el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago (silencio positivo) “y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda”, señala el artículo 3.2 de la nueva ley.
Es decir, el plazo máximo para cobrar incluso por la vía legal deberá ser de 85 días, muy lejos de los 154 que tarda actualmente, de media, el sector público. Además, ahora los acreedores tienen derecho a reclamar al deudor una indemnización “por todos los costes de cobro” sufridos.
Depresión en las arcas
A día de hoy, es muy difícil que las Administraciones –sobre todo los ayuntamientos– puedan pagar a tiempo, por el deterioro de sus arcas. Su deuda se ha disparado, y los ingresos han caído en picado. Por ejemplo, la construcción residencial aporta ahora a las corporaciones locales 15.000 millones menos al año que en 2007.
Morosidad en cadena
Pero el sector público ha encontrado algo de oxígeno en el caso de la obra pública, donde el plazo transitorio que marca la ley para 2010 es de 120 días, por lo que aún no ha dado tiempo a incumplirlo.
A ello se une la escasa contratación pública del verano y los recortes draconianos de Fomento. Por suerte para el poder público, los contratos anteriores a la norma no se adaptan a la misma.
Esto aboca a los contratistas del sector público a pagar también con retraso a sus proveedores. Es el caso de Ros Roca, que el año pasado envió a sus suministradores una carta en la que les anunció, con toda naturalidad, que sus condiciones de pago pasaban a ser “a 180 días”, debido al retraso de sus principales clientes, “Administración Pública y empresas de servicios”. Sin tapujos.
Guía rápida para entender el nuevo escenario legal
- ¿Qué se considera morosidad?
Es “el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago”. Ser moroso no significa necesariamente no pagar, sino hacerlo tarde.
- ¿Es moroso el sector público?
Mucho. Las administraciones tardan 154 días, de media, en abonar sus facturas, 53 días más que las empresas. Los peores pagadores son los municipios, seguidos del Estado y las autonomías.
- ¿En qué perjudica la tardanza en el pago?
Las compañías que expiden una factura han de abonar el IVA por la misma, aunque aún no la hayan cobrado, lo que genera tensiones de tesorería en una época de poco crédito. De hecho, la morosidad causa una de cada tres quiebras.
- ¿Qué cambia la nueva ley?
Se acortan y acotan los plazos máximos de pago permitidos, con un periodo transitorio hasta 2013.
- ¿Y con eso no basta?
No. Como impera la pillería, también se han prohibido los pactos para alargar los plazos de pago, y se estipula como comienzo del cómputo el día en que se entregan los bienes o se presta el servicio, no el de la expedición de la factura (algo que se usaba hasta ahora para dilatar el proceso). Además, se potencia la vía judicial para recuperar el impago.
- ¿Esta ley se cumple?
Todavía no. Para el sector público es muy difícil, por sus problemas de liquidez. No en vano, la morosidad es una forma de financiación del deudor, que dispone durante un plazo extra de un dinero que en realidad debería haber salido de su caja.
- ¿Se cumplirá?
Los expertos creen que eso sólo será posible si se imponen de oficio los intereses de demora y si se articula un régimen sancionador estricto, que aún está pendiente.

Realmente, cumplir esta ley si seria economia sostenible y un auténtico Plan E. Una autentica ayuda para las empresas. Sin comentarios....