Sube el periodo de pago a proveedores de la construcción y se sitúa en 285 días

En menudo país vivimos, que las leyes hasta el Gobierno se las salta. Lo que nos cuentan desde CEPCO no es más que la realidad del sector. Hay incluso obras en las que para contratar hay que firmar el contrato, con plazos de pago de 65 días, tal y como marca la ley, y que luego el proveedor debe entregar un documento pidiendo por favor que le pagen a 180 días. Y os lo cuento de primera mano. Vete tu tuelo a negociar un pagaré a 180 días de una empresa constructora.Menuda forma de empezar la semana.

Cuando se cumple un año y medio desde la aprobación de la Ley de Morosidad, los plazos de pago a proveedores siguen incrementándose. De hecho, según datos del Banco de España, en 2010 el periodo medio de pago a proveedores en el sector de la construcción se sitúo en 285 días, mientras que en 2009 esta cifra se situaba en 257 días y en 2008 en 227.
Esta situación sigue provocando grandes perjuicios a las empresas del sector de los materiales de construcción que se ven asfixiadas por una situación económica que no hace sino destruir tejido empresarial. Tanto es así, que el paro en el sector volvió a subir en el mes de noviembre por quinto mes consecutivo y se sitúa en 84.617 desempleados, una cifra que supone el 16,9% del total de la industria española.
Por otro lado, según el Ministerio de Economía y Hacienda, por actividad económica, en los tres primeros trimestres de 2011, el sector servicios fue el que registró un mayor número de deudores declarados legalmente en concurso de acreedores, seguido de la construcción y en último lugar, la industria.

Para el presidente de CEPCO, Rafael Fernández, “nos encontramos impotentes ante una situación inadmisible, en la que se está estrangulando aún más a una industria ya de por sí muy deteriorada por la crisis económica. En su día, celebramos con optimismo la aprobación de la Ley de Morosidad, pero las cifras demuestran que, hasta el momento, no ha habido ningún tipo de mejora, sino todo lo contrario ya que en 2010 el periodo de pago medio a proveedores de nuestro sector se situó en 50 días por encima del periodo de pago de 2008. A esto se añade que el sector financiero no sólo no concede nuevas líneas de crédito sino que, sobre todo, está recortando a empresas solventes sus actuales pólizas de crédito”.

Menos mal que nos queda Portugal.????

Hay un disco de Siniestro Total titulado Menos Mal que nos queda Portugal, y si se dan los siguientes factores:
a) Te gusta Siniestro
b) Tienes contactos profesionales con empresas portuguesas.

Siempre tienes en mente el titulo del disco, y vigilas un poco la situación del país vecino. Tampoco hay que ser un sesudo analista para descubrir lo que nios cuentan. Si hay dificultades para conseguir financiación tanto pública (no es noticia que el estado portugues esta proximo al default , a la quiebra en castellano, pese al rescate de la UE) y privada. ¿Cuanta deuda publica portuguesa tienen los bancos lusos? una cantidad mas que importante, seguro. Y si tengo dudas del pago de esa deuda, sus tenedores tienen problemas de solvencia, con lo que las empresas que dependen de esa financiación en forma de capacidad de pago de la Administración, sea lusa o Noruega, publica o empresas privadas, lo tienen pero que requetemal. Añade un plan de recorte de infraestructuras (y de todo) postrescate y la tenemos liada.
Y las cifras son crueles.Según estadísticas del Banco de Portugal, citadas por la patronal en su informe, el crédito concedido a las constructoras cayó un 3,4 por ciento en los cinco primeros meses de 2011 respecto al mismo período de un año antes, pero  los préstamos a particulares para la compra de vivienda se contrajeron un 34 por ciento de enero a mayo de 2011, en relación a 2010. Y eso sin burbuja.
La noticia competa aqui., gracias a Expansión.  Feliz dia a todos y animo, que casi es fin de semana.

Tumanitas.com levanta 300.000 euros

Debo reconocer que me encantan estas plataformas de albañileria social, y que me parecen un excelente idea para a) conseguir trabajos a las empresas y b) permitir a los propietarios más ofertas y mejores condiciones.La de empresas que licitarian una obra de 19 millones de euros que es la cifra de trabajos de tumanitas. Habria bofetadas....

La web de reformas y presupuestos profesionales Tumanitas recibe 300.000 euros de financiación de los cuales 200.000 euros corresponden a un grupo inversor holandes y 100.000 euros a un préstamo participativo correspondiente a ENISA.

Los 200.000 euros invertidos corresponden con el 10% de las acciones de la compañía, lo que permite valorarla en 2 millones de euros lo cual es una cifra muy respetable. Su fundador Marc Logarich sigue manteniendo el resto de acciones de la empresa. Con esta inversión el objetivo es seguir creciendo por encima de los 20.000 trabajos publicados en la web y los 40.000 usuarios registrados. En Tumanitas podemos ver que los trabajos que ya se han difundido a través de la plataforma han supuesto una facturación para las empresas de más de 19 millones de euros lo cual nos indica la importancia que están tomando estas webs de presupuestos en el negocio de las reformas y los trabajos profesionales en el hogar.

Otra novedad de la empresa es la incorporación de Chema Garrido Díaz como CTO en la empresa, quien entre otras cosas ha trabajado en Privalia y ha desarrollado el software open classifieds

Las empresas del sector han dado mandato a los servicios jurídicos de la patronal CNC para llevar a los tribunales las licitaciones que incumplan la nueva ley de morosidad.

En SEOPAN nos dan una de cal y otra de arena. La solución no es retrasar los pagos sino mejorar sus cobros.  Si no, seguiremos igual que siempre, con palzos de pago larguisimos que además de asfixiar a los proveedores aumentan los riesgos vivos de las empresas a cantidades de vertigo. Volveremos a los casos de terminar trabajos por valor de cientos de miles de euros sin tener vencidas las obligaciones de pago.

Las constructoras, en contra de su voluntad, se han plegada a las obligaciones de pago que impone la nueva ley contra la morosidad en operaciones comerciales, aprobada por el Gobierno en julio del año pasado.
Sólo seis meses después de su entrada en vigor, la polémica reforma, que fuerza a las compañías del sector a pagar a sus proveedores y subcontratistas a 60 días de manera escalonada hasta 2013, ha desatado un frente judicial que pone de manifiesto la fragilidad de la norma, su difícil cumplimiento y las consecuencias que su aplicación está teniendo sobre el mercado de obra pública.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el incumplimiento de la ley, que, según las constructoras, se está convirtiendo en norma entre los organismos licitadores de obra pública, obligados, tras la reforma, a pagar a sus contratistas a 30 días de manera escalonada hasta 2013. “Hemos detectado pliegos de condiciones de obras en donde se imponen plazos de pago de hasta diez años cuando, en 2011, sólo estaría permitido a 50 días”, aseguran las empresas.
Cartera de producción
Por unanimidad, el sector ha dado mandato a los servicios jurídicos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la gran patronal sectorial, para denunciar todos los casos en los que la Administración intente vulnerar la ley. “Desde diciembre, ya hemos recurrido nueve licitaciones y va a más”, aseguran desde la organización empresarial.
El abanico de denuncias es variado. Afecta a concursos públicos licitados por Comunidades Autónomas (Asturias y Cantabria), sociedades públicas mercantiles (la catalana Gisa) y la propia Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente y Patrimonio del Estado). “Hemos detectado nuevos casos en Murcia, que también serán recurridos”.
Los nueve proyectos recurridos hasta ahora suman una cartera de obra próxima a 500 millones de euros. “A simple vista, parece irónico que las constructoras, con serios problemas para generar ingresos en España, denuncien a quien les da de comer, pero con estas acciones se pone de relieve la fragilidad de la norma cuando falla alguno de los eslabones de la cadena comercial”.
Entre los concursos recurridos destaca la construcción de la nueva planta depuradora de Vigo, el proyecto estrella del Ministerio de Medio Ambiente, con un presupuesto superior a 200 millones de euros”. En el caso de que las denuncias no surtan efecto y no se corrijan los pliegos de condiciones en primera instancia, CNC llevará las adjudicaciones ante el Tribunal Supremo por la vía de lo contencioso-administrativo.
Los problemas históricos asociados a la morosidad en el sector de obra pública se han acentuado en los dos últimos años por el impacto de las crisis financieras en los balances de las compañías, en su mayoría, fuertemente endeudadas; y, a su vez, a la dificultad de las Administraciones Públicas para seguir licitando obra debido a las mayores restricciones presupuestarias. “Las tensiones de tesorería de algunas constructoras les fuerzan a retrasar el pago a sus proveedores, la parte más débil de la cadena de producción.

A su vez, los Organismos inversores se las ingenian con fórmulas que bordean la legalidad para seguir licitando. La reforma de la ley ha acentuado estas tensiones”, manifiestan los expertos consultados.
Esa tensión fue la que desató, a finales del año pasado, un enfrentamiento público entre las empresas suministradoras y las compañías constructoras. El pasado 4 de noviembre, Cepco, la patronal que defiende los intereses de los proveedores, emitió un duro comunicado en el que denunciaba, entre otras cosas, que Ferrovial y Befesa, filial de Abengoa, incumplían la ley.
Según un informe de Deloitte, la Administración General del Estado paga a 140 días, las Comunidades Autónomas, a 155 días y los Ayuntamientos, a 238 días.
Para corregir la situación, las grandes constructoras intentan corregir los desequilibrios de la ley con la introducción de una enmienda en la Ley de Economía Sostenible en el Congreso de los Diputados.

Escalonado
- Con carácter general, la reforma de la ley fuerza a las empresas a pagar a sus proveedores a 60 días. En el caso de las Administraciones públicas, ese plazo se reduce a 30 días.
- Por las características del mercado de obra pública, la normativa recoge algunas excepciones. En el caso de los organismos públicos, en 2011, podrán pagar a 50 días.
- Por la misma razón, las constructoras, en aquellos contratos en vigor desde la entrada en funcionamiento de la ley, podrán pagar a sus proveedores a 120 días en 2011 (90 días en 2012).
- A los cien días de entrada en vigor de la reforma, la patronal Cepco, que defiende los intereses de las empresas suministradoras, denunció a Ferrovial y Befesa (Abengoa) de incumplir la ley con sus proveedores.
- Las constructoras confían en corregir la situación en una enmienda a la ley de Economía Sostenible.

El Sriptease de Banesto

Banesto, (O el Sr. Emilio Botín), es siempre un precursor. Igual que es el primero en presentar resultados ha sido el primero, según leemos en el idealista en enseñarnos sus vergüenzas,perdón, su exposición al sector inmobiliario, por otra parte por exigencias del BCE, en lo que algunos ya llaman el striptease inmobiliario. La entidad precisó que le entraron 1.082 millones de euros en viviendas, frente a los 431 millones de salidas (ratio 2,5).

En total, la cartera total de inmuebles del banco, que comercializa a traves de casaktua, se ha disparado un 28% en doce meses hasta 2.950 millones, mientras que las pérdidas que generan las ventas, que crecieron un 48% en 2010, siguen en el entorno del 20%

su consejero delegado, José García Cantera, fue claro: "2011 será muy parecido a 2010", por lo que el futuro inmediato no es nada halagüeño. Este año muchas de las inmobiliarias afectadas por la crisis tienen que refinanciar su deuda, por lo que los expertos esperan una avalancha de nuevas casas en las carteras de las entidades financieras, dado que la situación de los promotores es desesperada

Stock

Banesto vendió alrededor de 3.000 viviendas de su propio stock en 2010 y ayudó a los promotores a los que financió durante el boom a vender otras 7.000 el año pasado. pese a todo, empieza 2011 con una cartera de viviendas de entre 5.500 y 6.000 viviendas.

Estas cifras contrastan con la reducción del riego del sector constructor e inmobiliario en el balance del banco, que cae desde el 17,4% hasta al 13,3% y se sitúa en 10.354 millones de euros. Desde 2007, el banco ha reducido un 42,7% su riesgo promotor.

Banesto registró un beneficio neto atribuible de 460,1 millones de euros en 2010, lo que supone un descenso del 17,8% respecto al obtenido en el ejercicio anterior, tras provisionar más de 1.000 millones de euros y obtener menores ingresos, según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y  un riesgo con constructoras y promotores de 10.354 millones de euros, el 13,3% del total de su cartera crediticia, con una morosidad de 1.670 millones, el 16,1%. Tan solo el crédito a promotores suma una mora del 24%.

Las constructoras españolas triplican la morosidad de la UE

Esta noticia de expansion si me parece de las que hay que gritar por las esquinas. Así se han construido, y se sostienen muchas grandes empresas. Con la pasta de mis proveedores. Las granes triplican el plazo de pago medio de la UE y tan amigos. Claro, que la administración pública aún es peor, y así nos va. Hoy mismo he tenido referencias directas de que alguna de las grande (IVEX35, nada de tonterías) no devuelve las retenciones hasta que hay demandas judiciales por medio.Es una buena técnica porque hay empresas que no pueden afrontar los costes legales de las demandas, por lo que desisten de presentarlas.

Con un sector ahogado financieramente hablando y con empresas que no pueden pagar a sus empleados/proveedores porque hay otras que se gastan el dinero de sus proveedores en pagar dividendos récord a sus accionistas. A ver si tienen narices de aplazar ese dividendo 180 días...

La economía española lleva en su ADN el deshonroso gen de la morosidad, tan arraigado como el virus del ladrillo y tan visible como el paro juvenil o la falta de competitividad. Y si hay un sector que tradicionalmente haya practicado esa costumbre nacional del impago comercial, ése es el de la construcción. Las empresas del sector han sorteado buena parte de las dentelladas de la crisis financiándose a costa de sus proveedores.
Tanto es así, que las constructoras españolas demoran sus plazos de pago el triple que la media de la Unión Europea, según un estudio de la consultora líder en Europa en gestión de crédito, Intrum Justitia, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. El informe constata que el plazo real de pago de las constructoras europeas a sus proveedores asciende en 2010 a 60 días, justo el tope fijado por la Directiva europea. Pero en España la cifra se dispara a 177 días. Tres veces más. Ejemplo: una empresa alemana presta un servicio a una constructora el 1 de noviembre, y el importe de la factura se le abona el 31 de diciembre. Una española no cobra hasta el 26 de abril.
Y si el sector privado es mal pagador, las administraciones públicas son difícilmente calificables. En la obra pública española es más fácil adjudicarse la licitación que cobrar las certificaciones a tiempo: los poderes públicos se demoran 216 días, de media.
La sanidad
Este problema se traduce en casi el doble de plazo que los 120 que les permite la nueva Ley de Morosidad, como norma excepcional y transitoria, en 2010. Y más del triple de los 60 días de la media del sector público europeo. Tampoco sale bien parada España en la comparación con la UE en lo que respecta al sector inmobiliario: el plazo medio de pago entre las empresas nacionales es de 71 días, y el de las comunitarias, 40.
Pero el sector más moroso es el de la sanidad. Los servicios públicos de salud españoles abonan sus facturas 251 días después de emitirlas. Todo un récord, frente a los 62 días de la UE. Y eso que la media comunitaria incluye a España, que empeora el dato. Todas estas demoras se traducen, claro, en un lastre para las empresas que las sufren.
Las pérdidas por impagados se incrementaron del 2,4% de la facturación de las empresas en 2009 al 2,6% en 2010. “A primera vista, el incremento puede parecer pequeño, pero las pérdidas por impagados se traducen en tener que incrementar las ventas significativamente”, apunta el informe de Intrum Justitia, elaborado con una encuesta a más de 6.000 empresas de la UE.
Sectores con más pérdidas
Los sectores más afectados en la Europa comunitaria son el de los servicios profesionales que prestan las profesiones liberales, fundamentalmente autónomos, y el de las inmobiliarias, con un porcentaje de pérdidas por impagados en 2010 del 4%. Les siguen la educación (3,5%) y los servicios financieros (3%).
Sectores aparte, el gran afectado tiene un nombre: pyme. “El problema es que las pequeñas y medianas empresas reciben poca o nada de ayuda por parte de la legislación nacional o europea para hacer frente a los problemas de impago, que son un problema y un gasto que no tendrían porque costear las empresas, organizaciones, ni la sociedad en general”, agrega el informe
La noticia positiva, es que los días de retraso han disminuido con respecto a 2009... un día. Algo es algo.

Gallardo vende la cementera y dos acerías del País Vasco

Aparece en Expansión esta noticia, lógica por otra parte, si consideramos que el grupo Alfonso Gallardo refinanció su deuda a primeros de año y que en Junio reaviva el proyecto de su refinería en Los Santos de Maimona. Salgamos de un sector dificil y vayamos a otro en mejor situación, aunque el grupo lo llama potenciar sus actividades de mayor valor añadido. Y parece que hay plusvalía, de unos 82 millones de euros, si los números de expansión son correctos.
Una negociación sigilosa. El anuncio ayer de que Alfonso Gallardo se ha desprendido de uno de los buques insignia de su grupo empresarial sorprendió.

Mediante una nota anunció que ha alcanzado un acuerdo para la transmisión de Cementos Balboa, la industria que tiene en Alconera, muy cerca de Zafra. En 2008 era la undécima empresa extremeña por volumen de facturación. El comprador es el gigante multinacional brasileño Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

En el paquete también entran las acerías Corrugados Azpeitia y Corrugados Lasao, ubicadas ambas en Guipúzcoa.

El empresario de Jerez de los Caballeros se desprende de las tres firmas a cambio de 382 millones de euros, que servirán para «reforzar la posición financiera del Grupo Gallardo de cara a superar la situación actual de crisis y de cara a su expansión futura».

Es decir, este dinero servirá para aliviar una parte muy importante de la deuda que actualmente tiene el conglomerado empresarial. Además, varias empresas del grupo han tenido que recurrir a expedientes de regulación de empleo en sus plantillas, como Siderúrgica Balboa y Alfonso Gallardo S. A.

Asimismo, el grupo jerezano también asegura que la operación supone un paso adelante en su estrategia «para potenciar sus actividades de mayor valor añadido dentro del ámbito siderúrgico».

Aunque es firme, el acuerdo debe ser confirmado tras el actual periodo de 'due diligence'. Bajo este término anglosajón no se esconde otra cosa que una auditoría exhaustiva de los activos que son objeto de la operación. Gracias a él, el comprador se asegura de que va a adquirir realmente lo que el vendedor le está ofreciendo.

Este mecanismo suele llegar a buen puerto, pero no siempre. No hay más que recordar que el propio Alfonso Gallardo rompió el acuerdo que tenía para comprar el Grupo Zeta de comunicación tras una 'due diligence' fallida. En todo caso, las partes esperan cerrar la venta durante el primer trimestre del año que viene.

Cementos Balboa comenzó a funcionar en 2005 y tiene la capacidad para producir 1,4 millones de toneladas de cemento y 1,1 de clinker, que es uno de los principales componentes del cemento. La inversión fue de 120 millones de euros y actualmente tiene del orden de 120 trabajadores, la mayoría de ellos del cercano Alconera.

Por el momento, los trabajadores no han tenido información directa hasta ayer. Así lo asegura Mateo Guerra, secretario regional de la Federación de Construcción de Comisiones Obreras, la organización con más representación en esta empresa. Asegura que, a pesar de sus requerimientos, Gallardo no les ha dado información sobre el estado de las negociaciones. Esta falta de datos hace que la incertidumbre sea la sensación dominante entre la plantilla. Destacó la preocupación de su sindicato respecto al mantenimiento del empleo, por lo que pidió a la Junta que sea vigilante. También expresó su temor de que la venta suponga que la empresa deje de pagar sus impuestos aquí.

Condiciones

Pero, por otro lado, Guerra también ve posibles aspectos positivos de esta operación. Por ejemplo, recuerda que recientemente CSN ha adquirido otra cementera y las condiciones laborales de sus trabajadores son mejores que las de los extremeños. Por las referencias que tiene, se trata de un grupo solvente que podría ampliar el proyecto.

Las otras dos empresas objeto de esta operación fueron adquiridas por el empresario jerezano en el año 2005 junto a Corrugados Getafe. En ese momento se habló de que las tres costaron 300 millones de euros y el vendedor fue la multinacional Arcelor.

Con esta operación, el grupo se situó como el principal productor nacional de acero corrugado. Son esas barras con estrías que sirven de 'esqueleto' para fraguar luego estructuras de hormigón.

Corrugados Azpeitia se centra en fabricar barras de acero y tiene una capacidad de producción de 1,1 millones de toneladas. Cuenta con unos 450 trabajadores.

Mientras tanto, Corrugados Lasao se dedica a elaborar mallas electrosoldadas, de las que puede hacer 200.000 toneladas al año. Sus 71 trabajadores han estado inmersos en un conflicto laboral desde el pasado verano. La causa está en la falta de acuerdo para pactar un nuevo convenio colectivo y la pretensión de la empresa de que trabajaran más horas. Tras 37 días de huelga ininterrumpida, la plantilla decidió el pasado 30 de noviembre volver al trabajo, pese a las reticencias de los sindicatos.

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las inmobiliarias denuncian que los bancos les rechazan el 70% de las hipotecas (tabla)

Despues de ver el las ferias inmobiliarias que florecen cual champiñones por todo el país, donde los bancos financian sin problemas sus pisos, esta queja de las inmobiliarias era más que previsible. Tampoco hay que ser un lince para saber que primero lo mio, y luego lo mio también, y eso hacen las entidades financieras, que financian sus pisos, y al resto que le den. Ya tenemos la prueba gracias a idealista news.

Eso sí, me da la impresión de que estas zonas donde se rechazan más operaciones coinciden con aquellas donde la burbuja ha sido más grande y donde hay un parque de viviendas mayor por vender, confirmando que va a existir una salida con dos velocidades. En aquellas regiones donde se liquidará el stock antes y en consecuencia se reactivará el mercado y donde empezaran a aparecen pisos zombies que van a tardar mucho, pero mucho tiempo en vernders, salvo descuentos que por ahora no se ven. Ya veremos que pasa.

Bancos y cajas de ahorro rechazan en la actualidad en torno al 70% de los préstamos hipotecarios solicitados para la compra de un piso a particular o promotor, según el consejo general de los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria (coapi). Comunidad valenciana, Murcia y Almería son las regiones donde más hipotecas se rechazan, en torno al 80%.

La dificultad a la hora de acceder a un crédito para comprar una casa se ha ido endureciendo con el paso del tiempo. así, el porcentaje de rechazo de préstamos hipotecarios se ha multiplicado desde 2007, cuando se echaban para atrás una de cada tres hipotecas solicitadas, hasta la actualidad, cuando se rechazan dos de cada tres. El estudio ha sido llevado a cabo por el consejo general coapis de españa mediante la realización de un cuestionario escrito y entrevista personal a una muestra seleccionada de agentes de la propiedad inmobiliaria (apis)

Según el estudio, las regiones donde más difícil resulta obtener una hipoteca son la Comunidad Valenciana (donde se rechazan el 83% de las solicitudes), Murcia y Almería (79%), Cataluña (77%) y Andalucía Oriental, salvo Almería (70%). en el lado opuesto en cuanto a la facilidad de obtener una hipoteca se sitúan La Rioja y Navarra, donde sólo se echan para atrás el 50% de las hipotecas solicitadas. le siguen Castilla la Mancha y Castilla y León (donde se niegan el 53%), Galicia (54%), Asturias y Cantabria (55%)

Más baches en los planes de Fomento

Menudo bache. Ya me contareis quien es el guapo que financia asumiendo en riesgo de las expropiaciones, motivo por el cual algunas concesionarias están al borde del concurso. Y eso que en el BEI los cargos se obtiene no precisamente por oposición.Eso sí, para salvar a las grandes se hace lo que haga falta.

Visto en Expansión.

El sector, que aún no ha asimilado el enérgico recorte de las inversiones estatales, observa con preocupación como el prometido plan público-privado de 17.000 millones de Fomento no sólo no acaba de tomar cuerpo, sino que además se complica.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), uno de los principales respaldos financieros de ese plan junto al ICO, ha dejado claro que no habrá dinero para proyectos pequeños y que restringirá la financiación en los que el riesgo de expropiaciones recaiga sobre el sector privado.

Son dos escollos importantes, porque uno de los objetivos de Blanco es que las constructoras pequeñas y medianas, las más afectadas por las restricciones crediticias, se beneficien también de su plan, y porque Fomento insiste en transferir el riesgo de las expropiaciones de determinados obras, como las carreteras, al promotor privado.

Eso podría dejar varias iniciativas en la cuneta, ya que ni el BEI ni buena parte de la banca privada están por la labor de financiar proyectos que podrían volvérseles en contra. Uno de los principales quebraderos de cabeza del sector, y del Ministerio, en los últimos tiempos han sido los sobrecostes derivados de los litigios por expropiaciones de suelo. Un asunto que aún no se ha resuelto, pese a los préstamos concedidos por el Gobierno, y que puede obstaculizar el ambicioso plan de Blanco.

La licitación de obras públicas con financiación privada duplica a la de todo 2009

Tal y como están las concesionarias, y las entidades financieras, a ver quien licita.

Europapress. Las administraciones públicas licitaron obras públicas a financiar con capital privado por un importe total de 8.219 millones de euros durante los diez primeros meses del año, lo que supone duplicar el presupuesto de los proyectos promovidos en todo el ejercicio 2009.

   Las restricciones presupuestarias que abordan todas las administraciones para cumplir con los objetivos de déficit público han impulsado el recurso al capital privado para acometer infraestructuras públicas. 

   Según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan, recogidos por Europa Press, hasta octubre se sacaron a concurso 33 obras públicas mediante concesión, contratos por los que las constructoras adjudicatarias adelantan el importe de la obra que posteriormente recuperan cuando la ejecutan y la ponen en servicio.

   Las comunidades autónomas son las que más han recurrido a esta fórmula para costear sus infraestructuras en lo que va de año, dado que hasta octubre licitaron quince proyectos de este tipo que suman un importe de 7.983 millones de euros, casi el doble (+93%) que en todo 2009.

   Después se situaron los ayuntamientos, que promovieron 17 obras valoradas en un total de 222 millones de euros, cifra que en este caso arroja un descenso del 64% en comparación al pasado año. De su lado, el Gobierno central sólo sacó a concurso un proyecto por 13,3 millones, frente a los 51,9 millones de 2009.

EL 63%, A CARRETERAS.

   Por tipo de infraestructuras, las obras de carreteras siguen constituyendo el principal atractivo para el capital privado. Hasta octubre, las distintas administraciones impulsaron proyectos viarios con financiación privada por un total de 5.232 millones de euros. Este importe supera en un 57,7% al de todo 2009 y constitiye el 63% del total licitado.

   Después se situaron proyectos urbanos y de movilidad urbana, con contratos que suman 2.466 millones, cantidad que casi quintuplica a la de todo 2009.

   Las administraciones públicas también acudieron al capital privado para costear centros e instalaciones sanitarias por 374 millones de euros, monto que, no obstante, arroja un descenso del 46% respecto al año anterior.

   Por contra, entre los pasados meses de enero y octubre no se apeló a la financiación privada para promover ningún tipo de instalación ferroviaria, aeroportuaria, hidráulica o de desalación.

   En la actualidad, el Ministerio de Fomento acaba de poner en marcha el Plan Extraordinario de Inversión en Infraestructuras (PEI) con el que prevé movilizar en varios años y junto con el capital privado una inversión de 17.000 millones de euros para acometer obras de ferrocarril y carreteras, y compensar así parte del ajuste de la inversión pública.

LOS ACTIVOS DUDOSOS DE LA BANCA SON DE 181.000 MILLONES A JUNIO

El disgusto de la mañana nos lo ofrece Reuters con esta noticia. Si la leemos con el referente de los 320.000 millones de exposición de la banca al ladrillo, vemos que el 56,56 % de los creditos del sector es problematica. Y las garantias reales de esos créditos... ¿Como estan valoradas? Porque son los mismos edificios hipotecados. ¿Y de las estadisticas de venta de viviendas, habrá que erstar esos 70.000 millones de euros, porque si aparecen en ellas?

La inversión problemática de la banca española en construcción y promoción inmobiliaria ascendió a cierre del primer semestre de 2010 a 181.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 9 por ciento respecto a los 166.000 millones de euros de diciembre pasado, dijo el miércoles el Banco de España en su informe de estabilidad financiera de octubre. El Banco de España incluye dentro de la inversión problemática de los bancos en el negocio del ladrillo los activos dudosos, los clasificados como subestándar, los adjudicados y los fallidos. 

Sin embargo, la mayoría de las exposiciones al sector de construcción y promoción inmobiliaria disponen de garantías reales. Ante el deterioro de la calidad crediticia de las empresas del sector, las entidades de depósito han gestionado activamente estas garantías, a través de adjudicaciones y daciones en pago para mitigar el impacto negativo de dicho deterioro en la calidad crediticia de los acreditados. El Banco de España ha supervisado estas operaciones precisamente para impedir que las entidades se queden con grandes carteras de pisos a cambio de deuda de sus clientes, práctica que se había convertido en recurrente en el pasado reciente para mantener bajo control la morosidad tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. 

A tales efectos, el banco emisor aprobó un recientemente normativa de endurecimiento de las normas de provisiones. La reforma reconoce el valor de las garantías (sujeto a determinados descuentos), al tiempo que acelera la necesidad de cobertura de la parte del préstamo no cubierto por el valor de la garantía (cien por cien de la cobertura), y establece necesidades concretas relativas a las coberturas específicas para activos adjudicados. Desde diciembre de 2008, como resultado de estas prácticas de gestión de las garantías, los activos adjudicados y daciones en pago de deudas han ido en aumento y a junio de 2010 registraban un importe de 70.000 millones de euros, según recoge el informe de estabilidad financiera de octubre. 

Las coberturas específicas constituidas sobre estas exposiciones representan un 23,7 por ciento, frente al 21,8 por ciento en diciembre de 2009, según datos del Banco de España.

El Banco de España pide tranparencia.

El Banco de España explicó en su informe de estabilidad financiera que las provisiones específicas para cubrir las pérdidas asociadas a estos activos ha aumentado en consonancia con el incremento de estos últimos, lo que se refleja en la estabilidad de los ratios de cobertura. 

El banco emisor señaló que el ratio de cobertura para la inversión potencialmente problemática asciende al 26,6 por ciento, un punto porcentual más que en diciembre de 2009. Si además se suman las coberturas genéricas constituidas en los negocios en España, la ratio de cobertura ascendería al 33 por ciento. El banco emisor señaló que la información publicada en las pruebas de resistencia contribuyó a mejorar la confianza de los inversores en el sector bancario español. 

El Banco de España señala que en un momento de fuerte ajuste del sector inmobiliario, la ausencia de información puede generar una percepción sobre la situación de las entidades peor que la que responde a la situación real. "Sería conveniente que las entidades españolas destinaran mayores esfuerzos a informar a los participantes en los mercados sobre la situación de su inversión potencialmente problemática al sector de construcción y promoción inmobiliaria, sobre las coberturas constituidas y sobre sus decisiones estratégicas para abordar los problemas que pudieran existir", señala el banco emisor.

LAS INMOBILIARIAS DEBEN MAS DE 320.000 MILLONES

La noticia de Expansion dá miedo. Con razón el banco de españa urge a la banca a vender activos. Esa deuda de las empresas promotoras corresponde a 121 % del PIB del 2º trimestre de 2.010,  en un mercado en el que según el extinto Ministario de la Vivienda se han vendido en el 2º trimestre 67.895 viviendas nuevas. Prefiero no hacer más operaciones que me da vértigo...

A principios de 2008, la deuda vinculada al crédito al promotor, que financiaba directamente la construcción de promociones, ascendía a 320.000 millones de euros. Dos años después, y tras más de un centenar de procesos de refinanciación, la cifra sigue apenas inalterable.

La principal razón: la acumulación de intereses. “Estos 320.000 millones se mantienen prácticamente igual ya que, aunque se hayan entregado viviendas, el resto del crédito genera unos intereses que vuelven al mismo montante”, explica Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora Irea.

Desde el estallido de la crisis en España, a principios de 2008, las empresas inmobiliarias han protagonizado refinanciaciones y reestructuraciones operativas (en las que se incluyen planes de viabilidad de empresas en concurso de acreedores) de miles de millones de euros. Así, por ejemplo, KPMG ha asesorado en operaciones de reestructuración y refinanciación con una deuda asociada de más de 45.000 millones de euros. Otro caso es el de la consultora inmobiliaria Irea y que ha participado en la refinanciación de más de 15.000 millones de euros, correspondientes a 45 grupos diferentes.Los 45.000 millones de euros que acreditan las operaciones protagonizadas, de la mano de KPMG, por empresas del sector, grandes y medianas, supone un termómetro de la realidad que asola el negocio promotor. La caída en el ritmo de comercialización de viviendas ha supuesto un serio varapalo para las empresas inmobiliarias. Acostumbradas a un crecimiento de hasta dos dígitos en sus ventas, la crisis iniciada con las hipotecas subprime dejó a las inmobiliarias sin apenas entrada de ingresos en su caja y con una abultada deuda a la que hacer frente.Grandes firmas Del total de deuda refinanciada o reestructurada, alrededor de 17.000 millones de euros corresponden a las principales promotoras cotizadas. Grandes inmobiliarias cotizadas como Quabit (antigua Afirma), Reyal Urbis y Realia se han sentado ante su pool de bancos acreedores planteándoles la imposibilidad de cumplir su calendario de pagos.Entre los mayores procesos de refinanciación, destaca el llevado a cabo por Colonial Inmobiliaria, a principios de 2010. Entonces, la compañía presidida por Juan José Brugera, refinanció 4.900 millones de los 6.400 millones que conformaban su deuda. Colonial logró que su banca acreedora, liderada por Eurohypo, Calyon, Royal Bank of Scotland y Goldman Sachs, ampliara la fecha del vencimiento final del crédito a 2015.Sin embargo, en muchos de los casos, una única revisión de la deuda no fue suficiente, y estas compañías se han visto obligadas a actualizar su plan de negocio, adecuándolo a las malas perspectivas que aún asolan el negocio inmobiliario. “En 2008, todos barajábamos un periodo de tres años para ver la luz al final del túnel. Así se creía que habría financiación para procesos de urbanización, para desarrollar suelos donde hubiera demanda, algo que finalmente no ha sido así”, subraya Echavarren.“Estos procesos, en algunos casos, han devenido en soluciones temporales, ya que las incógnitas sobre la evolución de la economía, la liquidez en los mercados y el exceso de ofertas de activos, que está afectando a la baja a los precios de venta, eran difícilmente evaluables, al desconocerse la profundidad de la crisis española”, añade Javier López Torres, director de Restructuring y responsable de Inmobiliario de KPMG en España.Las elevadas restricciones al crédito inmobiliario han provocado que la gran mayoría de las empresas concentren sus esfuerzos en crear un plan de negocio que cumplan las expectativas de sus entidades acreedoras, con un claro perfil financiero más que operativo. “La mayoría de procesos se han estructurado mediante la ampliación de los plazos de vencimiento de las deudas, vencidas o de próximos vencimientos, así como a la ampliación del crédito disponible”, explica López.Unos procesos que parece que tendrán continuidad durante los dos próximos años, fecha de vencimiento de muchos periodos de carencia y donde será clave las condiciones con las que elaboraron su plan de negocio. “El principal problema de las inmobiliarias que han refinanciado, es dar salida a unos suelos adquiridos antes de la crisis y, hasta 2013, la venta de este activo será para los bancos como una operación hostil”, señala Echavarren.

ADIF Y EL BEI DESTINAN DOSCIENTOS MILLONES DE EUROS A LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD A ALICANTE Y MURCIA

El presidente de Adif, Antonio González Marín, y Magdalena Álvarez Arza, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), (¿os suena de algo ese nombre?, que bien nos colocamos..) firmaron ayer en Madrid la segunda disposición, por importe de doscientos millones de euros, de la línea de financiación aprobada por dicha entidad financiera por un importe global de novecientos millones de euros destinada a la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. La primera disposición, por valor de quinientos millones de euros, fue formalizada en junio del presente año.
Esta cantidad se destinará a la financiación de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia en el tramo entre Madrid, Alicante y Murcia. La operación es la segunda disposición que formaliza el BEI con Adif para la mencionada línea de alta velocidad. El préstamo tendrá un período de reembolso máximo de treinta años con siete de carencia. Entre otras características, el préstamo contempla la posibilidad de que Adif opte por diferentes alternativas de tipo de interés fijo o variable, siempre en las mejores condiciones que oferta el BEI. Tercer protocolo Además, la línea de financiación se enmarca en el tercer protocolo suscrito por el Ministerio de Fomento, Adif y el BEI. Este protocolo contempla inversiones por un importe total de 5.000 millones de euros, destinados a la financiación de los proyectos de construcción de diversas infraestructuras de alta velocidad. El protocolo establece que la financiación estará destinada a proyectos que se desarrollarán durante el período 2010 a 2015 en las líneas de alta velocidad Madrid-Badajoz, Madrid-Alicante-Murcia y Valladolid-Burgos-Vitoria; la ampliación de la estación de Atocha y el nuevo túnel para alta velocidad Atocha Chamartín, en Madrid; la duplicación de vías de alta velocidad entre Torrejón de Velasco y Madrid, y la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Estas inversiones son consideradas prioritarias por Estado español y por la Unión Europea. Actuaciones anteriores Con anterioridad a este último protocolo, firmado en 2009, el Ministerio de Fomento, Adif y el BEI ya habían suscrito en octubre de 2002 un primer protocolo que incluía 4.000 millones de euros para financiar las líneas de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa, Córdoba-Málaga y Madrid-Segovia-Valladolid, y un segundo protocolo por el que se destinaron 2.000 millones a las líneas de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid y Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.

VAMOS BIEN: EL GOBIERNO INCUMPLE SU PROPIA LEY DE MOROSIDAD

Visto en EXPANSION

El sector público sigue aferrándose a su título tácito de campeón de la dilación en el pago de facturas, pese a que el Gobierno dio su visto bueno a la modificación de la norma y el PSOE votó –a regañadientes, eso sí– a favor del texto.
Sólo han pasado 65 días desde que la ley se publicara en el Boletín Oficial del Estado, el 6 de julio, pero el sector público ya ha comunicado a empresas de servicios que no satisfará sus deudas en el plazo máximo de 55 días que marca la ley para 2010 (a partir de 2013, 30 días), según han denunciado las compañías que contratan con la Administración a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), según ha podido saber EXPANSIÓN.
Con la nueva ley, las organizaciones empresariales pueden actuar judicialmente contra los morosos en nombre de las empresas, que de esta forma conservan algo más el anonimato y evitan enfrentarse directamente al poder público.
Además, el Ejecutivo incumple otro punto vital de la norma, la disposición adicional cuarta, que reza: “El Gobierno, en el plazo de 30 días, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), instrumentará una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010”.
Ante todo esto, la Plataforma, impulsora de la ley, denuncia “la inoperancia y falta de voluntad del Gobierno en cumplir la ley”. Lo cierto es que la línea del ICO incomodó al Ministerio de Hacienda, por sus posibles implicaciones en el déficit público, que es actualmente la máxima prioridad. De hecho, el PSOE votó en contra.
Los contratistas que sufren la morosidad pública pueden reclamar por escrito a la Administración el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago (silencio positivo) “y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda”, señala el artículo 3.2 de la nueva ley.
Es decir, el plazo máximo para cobrar incluso por la vía legal deberá ser de 85 días, muy lejos de los 154 que tarda actualmente, de media, el sector público. Además, ahora los acreedores tienen derecho a reclamar al deudor una indemnización “por todos los costes de cobro” sufridos.
Depresión en las arcas
A día de hoy, es muy difícil que las Administraciones –sobre todo los ayuntamientos– puedan pagar a tiempo, por el deterioro de sus arcas. Su deuda se ha disparado, y los ingresos han caído en picado. Por ejemplo, la construcción residencial aporta ahora a las corporaciones locales 15.000 millones menos al año que en 2007.
Morosidad en cadena
Pero el sector público ha encontrado algo de oxígeno en el caso de la obra pública, donde el plazo transitorio que marca la ley para 2010 es de 120 días, por lo que aún no ha dado tiempo a incumplirlo.
A ello se une la escasa contratación pública del verano y los recortes draconianos de Fomento. Por suerte para el poder público, los contratos anteriores a la norma no se adaptan a la misma.
Esto aboca a los contratistas del sector público a pagar también con retraso a sus proveedores. Es el caso de Ros Roca, que el año pasado envió a sus suministradores una carta en la que les anunció, con toda naturalidad, que sus condiciones de pago pasaban a ser “a 180 días”, debido al retraso de sus principales clientes, “Administración Pública y empresas de servicios”. Sin tapujos.
Guía rápida para entender el nuevo escenario legal
- ¿Qué se considera morosidad?
Es “el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago”. Ser moroso no significa necesariamente no pagar, sino hacerlo tarde.
- ¿Es moroso el sector público?
Mucho. Las administraciones tardan 154 días, de media, en abonar sus facturas, 53 días más que las empresas. Los peores pagadores son los municipios, seguidos del Estado y las autonomías.
- ¿En qué perjudica la tardanza en el pago?
Las compañías que expiden una factura han de abonar el IVA por la misma, aunque aún no la hayan cobrado, lo que genera tensiones de tesorería en una época de poco crédito. De hecho, la morosidad causa una de cada tres quiebras.
- ¿Qué cambia la nueva ley?
Se acortan y acotan los plazos máximos de pago permitidos, con un periodo transitorio hasta 2013.
- ¿Y con eso no basta?
No. Como impera la pillería, también se han prohibido los pactos para alargar los plazos de pago, y se estipula como comienzo del cómputo el día en que se entregan los bienes o se presta el servicio, no el de la expedición de la factura (algo que se usaba hasta ahora para dilatar el proceso). Además, se potencia la vía judicial para recuperar el impago.
- ¿Esta ley se cumple?
Todavía no. Para el sector público es muy difícil, por sus problemas de liquidez. No en vano, la morosidad es una forma de financiación del deudor, que dispone durante un plazo extra de un dinero que en realidad debería haber salido de su caja.
- ¿Se cumplirá?
Los expertos creen que eso sólo será posible si se imponen de oficio los intereses de demora y si se articula un régimen sancionador estricto, que aún está pendiente.

Realmente, cumplir esta ley si seria economia sostenible y un auténtico Plan E. Una autentica ayuda para las empresas. Sin comentarios....